"El Ayuntamiento de Siero hizo todo lo que estaba en su mano para conserva la antigua fábrica de El Águila Negra". Así lo aseguró ayer el jefe de servicio de Inspección Urbanística del Consistorio, Manuel Is, en la quinta sesión del juicio contra los propietarios de la antigua cervecera de Colloto, a los que se acusa de un delito contra el patrimonio histórico por no haber evitado el progresivo deterioro del inmueble. La sesión se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo. Durante la misma llegó a haber un cierto acaloramiento en el debate entre Fiscalía y defensa. El empleado municipal destacó que por parte del Consistorio se habían agotado todas las vías para tratar de garantizar la conservación del inmueble. "Llevamos desde 2002 con este asunto, que se ha convertido desde entonces en una incesante catarata de recursos administrativos y judiciales por parte de la propiedad", explicó Is al término de la sesión.

Por su parte, los abogados de la defensa, que insisten en que "no tiene lógica juzgar este asunto por vía penal", incidieron en la inocencia de los tres propietarios de Gestión Nora -Manuel Ángel Tresguerres y los hermanos Ángel y José Antonio Díez Carbajosa-, propietaria del edificio. "¿Que hubo daños en el edificio? Pues no lo sé. Pero Díez Carbajosa no ordenó que se causaran. Y ni siquiera hay denuncias de los continuos asaltos que sufrió el edificio. El Ayuntamiento no hizo nada", defendió el letrado Gerardo de la Iglesia tras pasar por el juzgado, en una jornada en la que también prestaron declaración Yolanda González Huego y Adriana Mérida.

La Fiscalía del Principado de Asturias acusa a los dueños del edificio de la antigua fábrica de El Águila Negra de un delito contra el patrimonio histórico por no haber evitado el progresivo deterioro del inmueble y solicita para los tres empresarios una condena de un año y ocho meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los acusados, conjunta y solidariamente -y, subsidiariamente, la mercantil Gestión Nora- asuman el coste de las obras necesarias para lograr el adecuado mantenimiento del edificio.