La dirección general de Patrimonio del Principado de Asturias marca un plazo de dos meses a la propiedad del palacio de Celles, en Siero, para que presente un proyecto de rehabilitación conforme a las directrices que le establece. En el caso de incumplimiento, será la administración autonómica quien ejecute esta orden de manera subsidiaria y realice el proyecto. Una vez comunicada la medida a los dueños de este Bien de Interés Cultural (BIC), se inicia un plazo de audiencia pública de diez días, en el que pueden presentar alegaciones a lo determinado por Patrimonio en un informe fechado el día 27 de febrero.
Este documento es la respuesta a la tramitación administrativa desarrollada por el Ayuntamiento de Siero en los últimos años para forzar a los propietarios a la conservación de este inmueble, joya del barroco asturiano. La concejala de Urbanismo, Noelia Macías, recuerda que en septiembre de 2016, los técnicos elaboraron un completo informe en el que proponían cuáles eran las intervenciones fundamentales y medidas cautelares que deberían acometerse de manera inmediata.
El Ayuntamiento reconocía la "situación de ruina irrecuperable". Los servicios jurídicos municipales, en otro informe de octubre de ese año, constataban que esa declaración de ruina "no es incompatible con la recuperación física del inmueble por parte de la propiedad", bajo la tutela de la dirección general de Patrimonio, al tratarse de un BIC. También consta que ese estado es "consecuencia del incumplimiento del deber de conservación de la propiedad".
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Siero propuso a la dirección general de Patrimonio que considerara iniciar el expediente de expropiación forzosa, al ser este palacio un Bien de Interés Cultural, o imponer medidas para salvaguardar el inmueble. La consejería de Cultura, en 2009, estableció también las actuaciones que han de seguir los dueños encaminadas a la conservación del palacio de Celles.
El Ayuntamiento de Siero, en octubre de 2016, trasladó a los dueños una resolución, basada en los mencionados informes municipales, pero estos interpusieron un recurso contencioso administrativo. En noviembre de 2017, el juez determinó que no procede continuar con la orden de ejecución mientras que Patrimonio no se pronuncie sobre el estado de ruina del edificio, como acaba de hacer en un informe que si bien señala que "no se puede considerar que esté en ruina técnica", sí marca unas actuaciones y medidas para mantener el edificio.
Noelia Macías valora la decisión de Patrimonio como "un paso más" , pero mantiene la "cautela y prudencia" en cuanto al futuro del edificio y qué se hará con él. Los vecinos piden actuar ya y advierte de que la fachada del palacio está a punto de caerse.
