"Llegó un límite en el que me harté de estar durmiendo en el coche y me metí en un piso". Es la razón que llevó a Daniel Jiménez Hernández, de 20 años, a ocupar una vivienda social en la calle Picu Pienzu de El Berrón. Sabía que otros familiares y conocidos suyos estaban haciendo lo mismo en este edificio, así que no lo dudó.
"No tengo otra opción", aunque indica que él, desempleado y sin cobrar ninguna ayuda social, está "dispuesto a pagar una renta, que no sea muy elevada". Eso sí, deja claro que corre con los gastos del suministro eléctrico y del agua. Daniel Jiménez argumenta que estuvo seis meses demandando una vivienda social y "durmiendo en el coche" con su pareja. "Solicité dos viviendas de emergencia y no me la dieron, sabiendo que aquí había pisos vacíos", lamenta. "Como siga así, va a estar todo el edificio ocupado", argumenta. Su abuela está de alquiler, pero su padre y hermano también son okupas en el misma comunidad de vecinos.
Lo habitual en estos casos es que le paguen a un individuo entre 300 y 400 euros para que les facilite las llaves de una de estas viviendas, para así entrar en ellas hasta que judicialmente tengan que abandonarlas. Pero se conforman con que mientras llega el momento, viven bajo un techo.
Bruce Luis Jiménez, tiene 25 años y es primo de Daniel Jiménez. Con su hijo Bruce, de un año y ocho meses, en brazos argumenta que él también se hizo okupa porque vivían en una casa con demasiadas humedades y "el niño se ponía malo cada poco". "Vas a la asistenta (social) y no te dan un piso", señala. Así que reconoce que, como "conocía lo que ocurría, vine para aquí". "Tengo la luz y el agua legal", matiza. Este joven tampoco trabaja y tiene una paga que da para poco. "No te dan trabajo, no te llaman..." y, en parte, lo achaca a que son de etnia gitana. "Si no hacemos nada, morimos", esgrime con el crío en brazos.
"Los prefieren tener vacíos aunque la gente esté durmiendo en la calle", insisten los dos primos. Ambos también se quejan, como otros vecinos, de que en el edificio hay demasiado incivismo, ruidos y alboroto. Pero no creen que sea por culpa de los okupas. Ahora son ocho las personas que están de manera ilegal en alguna de estas viviendas de la calle Picu Pienzu. La mayoría son parientes y aseguran que sólo han entrado en pisos que estaban vacíos. Dicen no estar al tanto de la desagradable sorpresa que se llevó un vecino del portal cuando llegó de viaje -es camionero- y se encontró con que habían ocupado su vivienda. Fue una vecina la que le advirtió y no ha podido entrar en su casa.
Esta situación está generando bastante preocupación entre los residentes, sobre todo desde los últimos cuatro meses. Aunque el edificio de la calle Picu Pienzu es el más afectado, en las viviendas sociales de Picu Urriellu también hay otro caso. Una de las vecinas reconoce que muchos están pidiendo en VIPASA el traslado a otro inmueble pero la respuesta es "estamos en ello", indica. Admite que la situación les genera "inseguridad". Mañana se reúnen en Siero reponsables municipales, regionales y policiales para solucionar el problema.
