El Principado expulsará a los okupas de las viviendas públicas de El Berrón por la vía judicial. Así lo aseguró ayer la consejera de Servicios Sociales, Pilar Varela, quien también afirmó, no obstante, que la administración regional estudiará los casos de aquellas personas que han decidido allanar sin permiso los pisos gestionados por la empresa pública Vipasa, para que puedan optar a uno de estos hogares.
Las declaraciones de Varela se realizaron después de que varios vecinos de la calle Picu Pienzu de El Berrón denunciasen problemas de convivencia tras la irrupción de "unos diez okupas". Además, los residentes señalan que los allanadores "también entran en casas que están habitadas. No les preocupan las circunstancias de los inquilinos".
En este sentido, Varela fue taxativa, y aseguró que "nadie va a ocupar una vivienda que no esté en el proceso de adjudicación público". Para tratar este tema, Ayuntamiento, Policía Local, Policía Nacional y Vipasa mantendrán hoy una reunión en el Ayuntamiento. Una de las acciones que se plantean desde el Principado es tapiar las viviendas vacías para evitar sus ocupaciones forzosas.
Según testimonio de dos de los okupas a este periódico, varias de las viviendas en Picu Pienzu han sido allanadas por miembros de una misma familia. Aseguran hacerlo "por falta de recursos y la necesidad de tener un techo".
"Actualmente nadie paga más del 20 por ciento de sus ingresos para vivir en una vivienda de Vipasa", destacó al consejera, desmintiendo este extremo. Además, Varela también realzó que en Asturias "hay unas 10.000 viviendas para personas con escasez de recursos".
Aparte de problemas de convivencia, los usufructuarios de las viviendas públicas de Picu Pienzu también denunciaron falta de cuidado en los pisos por parte de la Administración. En este sentido, Varela ensalzó que "el Principado destina 1,5 millones de euros al año a mantenimiento de estas viviendas".
Okupas por 400 euros
Los propios okupas explican que la mayoría de los inquilinos alojados al margen de la ley en Picu Pienzu abonaron 400 euros a un tercero para que abriese las viviendas a allanar, "todas ellas deshabitadas". Además, siempre según su relato, este individuo cambiaba la cerradura y entregaba una copia de las llaves a sus "clientes".
Los okupas prefieren esta fórmula, ya que así evitan incurrir en un delito de allanamiento de morada. En este caso, sólo podrían ser encausados por usurpación de vivienda.
