El alcalde de Gozón, Jorge Suárez (PSOE), denunció ayer que la Mancomunidad del Cabo Peñas destinó 40.000 euros de una subvención a comprar una retropala para uso exclusivo de Carreño cuando Ángel Riego (también del PSOE) era regidor de este concejo. Esta afirmación la hizo durante una tensa reunión del órgano, que busca una solución al vacío de poder existente ante la negativa de la actual alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández (PSOE), a asumir el mando, al poner en cuestión la solvencia económica de su socio. Según los estatutos, Suárez, que es el actual presidente, debería haber abandonado ya el cargo.

En una junta extraordinaria celebrada ayer, Izquierda Unida, en los dos concejos, y Somos Carreño, promotores de la convocatoria, pidieron que Suárez siga al frente de la Mancomunidad hasta las próximas elecciones municipales de 2019, comprometiendo su apoyo en las votaciones para sacar el ente adelante. La moción se aprobó por unanimidad, con la abstención del propio Regidor y la ausencia del PSOE de Carreño y del PP en su totalidad.

La sombra de Amelia Fernández planeó durante toda la reunión tras haber publicado un informe encargado a la Universidad de Oviedo que sitúa a la Mancomunidad en causa de disolución. "Un informe a la carta", criticaron IU y Somos, que "dice muchas cosas, pero calla más". Suárez estalló: "Vale de mentiras. Me callo mucho". El Alcalde se mostró sorprendido por que su homóloga de Carreño descubra ahora la causa de disolución, ocupando la vicepresidencia y la tesorería: "¿Por qué no lo manifestó al inicio del mandato y aprobó el cambio de los estatutos? ¿Por qué no lo dice hasta que le toca la presidencia?".

"Información sesgada"

Según Suárez, la lectura del informe universitario, realizado por el catedrático Leopoldo Tolivar, hace pensar que se basa en "información incompleta o sesgada", pero de él pueden extraerse afirmaciones que hacen notar varias anomalías, como que Amelia Fernández sea tesorera de la Mancomunidad careciendo de habilitación nacional para ello. Una situación conocida por ella, sostiene, pues "en Carreño, en 2015, tuvieron que proveer esa misma plaza con un habilitado nacional".

Suárez denunció que una subvención de 40.000 euros al ente supramunicipal, y sólo para él, se utilizó para comprar una retropala que fue cedida al Ayuntamiento de Carreño, que puso otros 50.000 euros. En el contrato de cesión, el exalcalde del concejo vecino Ángel Riego firma como cedente y cesionario. Pero dijo más: "Se ingresaron en cuentas bancarias del Ayuntamiento de Carreño, entre el mes de febrero de 2015 y el mes de diciembre de 2017, casi 70.000 euros del ente supramunicipal provenientes de una subvención del Gobierno del Principado, sin que constase ese dinero hasta que en febrero se consultó a la Tesorería del Principado". Entonces, se incorporó a las cuentas del ente, que no fueron presentadas ante la Sindicatura.