La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Noreña da dos meses a Panero para derribar el surtidor de gas del Matadero

El Ayuntamiento pide restituir el estado original de la zona tras denegar la licencia en base a los informes de los técnicos municipales y de la CUOTA

El gobierno local de Noreña ha ordenado el derribo de los trabajos realizados para la construcción de la gasinera del Matadero Central -que hace un tiempo ya mandó suspender- y da un plazo de dos meses para su demolición y reposición de la zona.

Esta decisión se fundamenta en los informes municipales contrarios a la concesión de la licencia de obras para levantar el mencionado surtidor y también de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), igualmente en contra. El concejal de Urbanismo, Pelayo Suárez, declinó realizar valoraciones al respecto.

Panero Logística S.L. solicitó el 15 de noviembre la licencia para instalar una estación de servicio para vehículos automóviles en el área industrial de la Barreda (Noreña). Según la oficina técnica municipal, hay una incompatibilidad de usos entre las normas subsidiarias, actualmente en vigor, y las pautas del plan urbano, en tramitación. En concreto, para las normas subsidiarias la gasinera tendría un uso prohibido en ese suelo, mientras que en el documento del Plan General de Ordenación Urbana se recogerá como uso productivo (industrial y terciario).

Por lo que el informe de Secretaría de 4 de diciembre de 2017 es desfavorable a la concesión de la licencia. No obstante, el asunto fue derivado a la CUOTA, que tampoco le dio el visto bueno, pues el 21 de diciembre acordó denegar la autorización previa, basándose en criterios urbanísticos, al ser un suelo pendiente de ordenación detallada. En definitiva, ambos informes técnicos, el de Secretaría y el de la CUOTA, rechazan conceder la licencia para acometer la gasinera. En consecuencia, el Ayuntamiento se la deniega a Panero Logística S.L.

Requerimiento

El concejal de Urbanismo firmó un decreto -fechado en marzo y del que se dio cuenta el jueves en el Pleno ordinario- en el que se indica que "dado que se trata de una actuación ilegalizable, se requiere al promotor y a los propietarios de las obras ejecutadas para que en el plazo de dos meses efectúen la demolición de la construcción y restituyan los elementos físicos alterados a la situación originaria". De no hacerlo incurriría en una infracción, que conlleva una sanción.

Además, el Ayuntamiento de Noreña advierte de que si no se procediera a la demolición de los trabajos desarrollados puede proceder a la ejecución subsidiaria, "pudiendo ser exigido el importe de los gastos, daños y perjuicios mediante procedimiento administrativo" a los responsables de los trabajos. Contra la decisión municipal cabe recurso.

Compartir el artículo

stats