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De la Viña Gil: «Retrasar más la reforma laboral sería desastroso e irreparable»

El catedrático emérito de Derecho del Trabajo intervino en la presentación de la revista «Asturias Social», dirigida por José Luis García Bigoles

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Por la izquierda, el abogado José María Bigoles; Nicolás Álvarez, presidente del Consejo Económico y Social; Severino García Vigón, presidente de FADE; María José Tarrero, jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; Antonio González, director general de Trabajo; José Luis García Bigoles, director de la revista; Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA; Luis Enrique de la Viña, catedrático, y la asesora Beatriz Fernández-Pello.
Por la izquierda, el abogado José María Bigoles; Nicolás Álvarez, presidente del Consejo Económico y Social; Severino García Vigón, presidente de FADE; María José Tarrero, jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; Antonio González, director general de Trabajo; José Luis García Bigoles, director de la revista; Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA; Luis Enrique de la Viña, catedrático, y la asesora Beatriz Fernández-Pello.  nacho orejas
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Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

El catedrático emérito de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Luis Enrique de la Viña Gil reclamó ayer en Oviedo una reforma urgente del mercado laboral para evitar consecuencias «desastrosas e irreparables». A su juicio, las medidas deben tener al empleo como principal y casi único objetivo. «De lo que se trata es de que se destruya el menor número de puestos de trabajo, que se generen los que se puedan y que aquellos que no tengan empleo puedan vivir de una manera digna, todo lo demás sobra», indicó el que está considerado uno de los principales juristas del país, en el transcurso de la presentación de la revista «Asturias Social» en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. La publicación está editada por la Asociación Asturiana de Asesores Laborales y Expertos en Derecho de Trabajo y Seguridad Social.

El que fuera rector de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) aseguró que la reforma laboral consistirá en «una redistribución del poder en las empresas». Además, avanzó que tendrá «un carácter económico y no ideológico», ya que, según dijo, la gravedad de la situación ha hecho que el Gobierno de Rodríguez Zapatero «se haya visto obligado a prescindir de su ideología, al menos hasta cierto punto, para hacer frente a una situación dramática a nivel universal». Sobre esta base, el prestigioso jurista indicó que el objetivo de la reforma «no será llevar al ámbito de la ley el ideario de quienes ostentan el poder, sino llevar al "Boletín Oficial del Estado" (BOE) las medidas para paliar las consecuencias de la grave crisis que padecemos».

Enrique de la Viña Gil se mostró convencido de que sindicatos y empresarios no se pondrán de acuerdo a la hora de consensuar los contenidos de un nuevo marco laboral para el país. Por tanto, subrayó que deberá ser el Ejecutivo quien, «próximamente», tome la iniciativa para impulsar esas medidas de reforma. Y es que, a su juicio, «el equilibrio entre las posiciones sindicales y las de la patronal es imposible», dado que los primeros «están en posición defensiva, sin dar una alternativa», y la segunda «ha adoptado una legítima posición de agresividad, pidiendo muchas cosas y muy importantes». Para el catedrático de Derecho Laboral, los agentes sociales y los partidos políticos podrían ser más flexibles en la negociación de la reforma, toda vez que, en su opinión, «las medidas que se tomen no van a ser para siempre, sino para abordar esta situación concreta».

En el acto de presentación de la revista iba a participar Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social. Sin embargo, una reunión urgente en Madrid le impidió viajar a Oviedo. Le sustituyó la responsable del gabinete del área, María José Tarrero Martos, quien, tras partir de la base de que la Seguridad Social, con ocho mil millones de superávit en 2009, es «viable y sostenible», destacó la necesidad de hacer reformas para que siga en buen estado de salud dentro de veinte años. Así, alertó de la existencia de varios problemas a los que hacer frente, entre ellos un envejecimiento de la población que da lugar a un mayor número de pensiones con menos cotizantes, o un incremento de la cuantía económica de las retribuciones con respecto a las que se dan de baja. Además, en el transcurso de su intervención también incidió en la necesidad de replantearse el sentido de la pensión de viudedad, a la vista de la incorporación de la mujer al trabajo, y, defendió los fondos de pensiones al margen del Estado.

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