Punset: «Los políticos creen que el BOE puede cambiar mágicamente la realidad»

Pablo GONZÁLEZ

«Los políticos creen que el BOE lo soporta todo y que tiene una capacidad de transformación mágica de la realidad». Lo dice Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Punset explica así uno de los porqué de la reforma de la Constitución realizada el pasado verano -«en doce días», concreta- para poner coto por ley al endeudamiento público y obligar a las administraciones a la estabilidad presupuestaria.

El constitucionalista hizo estas reflexiones ayer durante un debate en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, organizado por la Academia Asturiana de Jurisprudencia, sobre «La reforma de la Constitución y escenarios económicos». La mesa redonda fue moderada por Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Punset destaca que la reforma ha dejado varias dudas, como la de quién va a poner en claro las dudas que despierta la reforma entre los juristas. «Va a provocar que en caso de conflicto interpretativo las dudas acaben sobre la mesa del Tribunal Constitucional», explica, para abundar: «Y no es un temor, lo dijo la propia Merkel». El catedrático cree que el Constitucional no será la solución, ya que cuestiones relacionadas con la economía llegarán muy politizadas y el alto tribunal «es un mecanismo muy delicado» que ante las presiones «acabaría siendo inservible». Punset entiende que la reforma de la Constitución de este verano «no es más que la copia de lo que tuvo lugar en Alemania en 2009», pero aclara que «aquello llegó después de años de consultas y debates. Fue una reforma extraordinariamente meditada». Para Punset, la rapidez con la que se hizo la reforma no fue más que para calmar la voracidad de los mercados y para poner de nuevo sobre la mesa que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era «muy aficionado a este tipo de órdagos». Y todo esto en un país en el que «siempre ha habido más cambios de Constitución que cambios en la Constitución».

Por su parte, Roberto Fernández Llera, profesor de Hacienda Pública, advierte de que «el proceso de ajuste (de las cuentas públicas) que se avecina es importante». Llera se refiere así al compromiso del Estado de reducir el déficit público en 2012 al 3 por ciento. Para Llera, el éxito de la denominada consolidación fiscal pasa por que sea creíble para los mercados. Y para que esto suceda este experto en Hacienda Pública cree que es necesario que se diseñe «un nuevo modelo de crecimiento económico a medio y largo plazo». Y para llegar a esto avisa de que España «necesita hacer muchas reformas». Llera forma parte del sector crítico con la última reforma constitucional porque entiende que «ya teníamos normas en nuestro ordenamiento jurídico que ponían sobre la mesa este tipo de cuestiones. Otra cosa es que se estuvieran cumpliendo».

Llera subraya cómo la nueva norma constitucional obliga a las administraciones a pagar primero los créditos y los intereses contraídos. Por eso se pregunta qué pasaría si llega la disyuntiva de «tener que pagar la sanidad y las pensiones o devolución de los préstamos. Son cuestiones que habrá que resolver políticamente». Así que Llera tacha la reforma de «redundante», «innecesaria» y «apresurada».

En la misma línea se manifiesta Begoña Sesma Sánchez, catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Por un lado, asegura que no habrá estabilidad presupuestaria si esta «no va ligada a unos presupuestos creíbles». Y que Europa «está abordando el problema de forma precipitada» y «realizando imposiciones discutibles». Además, Sesma se muestra preocupada por quién «va a controlar el cumplimiento» de la estabilidad presupuestaria. Piensa que el Tribunal Constitucional no podrá hacerlo «por cuestiones de tiempo y técnicas». Por eso introduce el debate de la necesidad de crear un órgano de control «dependiente del Banco de España o del Ministerio de Economía». También espera que este u otro órgano externo sea «el que haga las previsiones presupuestarias», y pone sobre la mesa la posibilidad de que lo hagan el Tribunal de Cuentas y las sindicaturas. ¿El motivo? Pues que Sesma tiene claro que todos los gobiernos llevan a cabo «artificios contables» e hinchan las partidas de ingresos previstos a la hora de diseñar los presupuestos anuales.