Mieres del Camino,
Aitana CASTAÑO
El cambio climático ya es reconocido por los tribunales. El calentamiento global provocará escasez de nieve en la cordillera Cantábrica, según los estudios científicos. Y según estos vaticinios, la estación invernal proyectada para San Glorio, con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, es «inviable económicamente». Con este argumento, el Tribunal Superior de Castilla y León ha echado por tierra el proyecto invernal en el puerto que hace frontera entre León y Cantabria. La sentencia coge a Asturias en pleno debate sobre la oportunidad de invertir en complejos como Fuentes de Invierno, que a causa del suave invierno y la falta de instalaciones -la estación no dispone de electricidad propia ni de cañones de nieve artificial- apenas ha podido abrir sus pistas esta temporada: hasta el 25 de marzo, cuatro meses después del inicio de la temporada y ya en plena primavera, no tuvo pistas esquiables.
Las previsiones de los expertos para los años venideros no son muy halagüeñas. Los estudios calculan que la cota de nieve difícilmente bajará de los 2.000 metros. Las estaciones de la cordillera Cantábrica -San Isidro, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno- se localizan en alturas que oscilan entre los 1.500 y los 1.700 metros.
En el caso de San Glorio, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que el Gobierno autonómico infringió varias normativas al autorizar la construcción de una estación de esquí en el puerto leonés. La sentencia admite que, como señalan los informes científicos, «es muy dudosa la viabilidad económica de la estación por el cambio climático». Además, considera que al rebajar la protección del espacio natural vulneró «flagrantemente» el plan de ordenación y la ley de Espacios Naturales, la de Conservación y la norma europea Natura-2000.
El tribunal da la razón a la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), colectivo que presentó la demanda. Los promotores de la infraestructura y los mandatarios leoneses están aún a la espera de conocer los fallos a otras denuncias similares presentadas por la Sociedad Española de Ornitología, el WWF/Adena, la Fundación Oso Pardo, la Fapas y la Plataforma en Defensa de San Glorio.
El cambio climático no es la única razón que esgrime el Tribunal para denegar el permiso al complejo invernal. La sentencia incluye también motivos medioambientales. «La estación de esquí es incompatible con la supervivencia de algunas de las especies y vegetación allí existente», apunta la sentencia. El tribunal critica que la Junta de Castilla y León ha rebajado la protección del espacio natural de la zona de San Glorio, parcialmente protegida, para poner en marcha la obra. El puerto se localiza en el parque natural de Fuentes Carrionas, declarado en 1999. El plan de ordenación del espacio prohibía cualquier estación de esquí alpino. En 2004 la firma Tres Provincias presentó un proyecto para construir el complejo, y las tornas cambiaron. La Junta de Castilla y León modificó, en 2006, el documento de gestión del parque natural para «permitir el proyecto y estimular el desarrollo socio-económico de la zona».
La juez que instruyó el caso, Ana Martínez Olalla, considera que esta decisión del Gobierno leonés «se llevó a cabo sin un informe técnico que justificara el cambio, porque en los parques naturales el desarrollo económico es un objetivo básico pero no prioritario». El texto, de 25 folios y con una profunda carga ecologista, concluye: «El medio ambiente no es una abstracción, sino el espacio donde viven los seres humanos, del que dependen su calidad de vida y su salud, incluso para generaciones futuras». El fallo judicial contra la estación de esquí de San Glorio ya ha tenido repercusiones políticas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afirmó ayer que «los tribunales al final son la garantía de la legalidad; por tanto, nadie debe rasgarse vestiduras por una decisión judicial». Herrera señaló que respeta la sentencia, pero matizó que «en Castilla y León no se pueden perder muchos proyectos de desarrollo territorial». Pese al estacazo judicial, los mandatarios leoneses no descartan «buscar nuevas fórmulas para impulsar el desarrollo económico y social de la zona, sea protegida o no», según afirmó el portavoz de la Junta, José de Santiago-Juárez.
En el otro lado de la balanza se encuentran los grupos ecologistas. Los Verdes del Parlamento Europeo han proclamado, tras conocer la sentencia, que «el complejo de San Glorio ha muerto». Los Verdes consideran que esta sentencia es un «varapalo judicial para los promotores de la estación y para la Junta» y advierten de que «si la Administración insiste en promover el proyecto, el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein seguirá con sus denuncias ante la Comisión Europea».
