Mieres del Camino,
José A. ORDÓÑEZ
Sindicatos y alcaldes mineros rechazan la introducción de cambios sustanciales en el modelo de reparto de los fondos de reactivación destinados a los proyectos empresariales generadores de empleo, tal y como reclama la Junta de Castilla y León. Las Cortes de Valladolid aprobaron hace unos días, con los votos a favor del PP y la oposición de los procuradores socialistas, una proposición no de ley por la que instan al Ministerio de Industria a que ceda a las comunidades autónomas la potestad de decidir sobre las iniciativas que son susceptibles de recibir subvenciones de fondos mineros, aplicando un criterio similar al de las actuaciones en infraestructuras, esto es, con un porcentaje concreto de la cantidad total disponible para cada territorio.
Desde el ámbito sindical, Juan Carlos Liébana, responsable de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CC OO), se muestra «contrario a la territorialización de las ayudas empresariales», recordando que «el ámbito de gestión de los fondos mineros es de la Administración y de la comisión de seguimiento». Liébana reconoció que «es cierto» que Castilla y León «no está siendo capaz de recuperar el empleo perdido», pero indicó que «dentro de la propia comisión se pueden buscar mecanismos para reconducir una situación que también se está dando en Asturias». El dirigente sindical añadió que la Junta de Castilla y León «no puede condicionar el futuro del plan del carbón en los términos en los que fue suscrito por las partes».
Por su parte, el secretario general de FIA-UGT en Castilla y León, Manuel López, admite que 60 proyectos empresariales pueden haber quedado sin ayudas en la comunidad vecina a causa del reparto realizado desde la Administración central. No obstante, aseguró que, en todo caso, «al Principado de Asturias le ha ocurrido lo mismo». Eso sí, el dirigente sindical quiso dejar claro que el Gobierno central debería devolver a la comunidad la «solidaridad» mostrada con proyectos emblemáticos que han ido a parar otros territorios.
En la esfera municipal, Gabriel Pérez Villalta, alcalde socialista de Aller y presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom-España), tampoco se mostró a favor de modificar el actual marco regulador de las ayudas. Además, recordó que, desde hace un año, el Ministerio de Industria reclama informes a los municipios en los que pretende implantarse una empresa, «con el objetivo de analizar su viabilidad y de frenar a los cazasubvenciones», objetivo que comparten. El veterano regidor se mostró «convencido» de que «la gestión de los fondos de reactivación funciona ahora considerablemente mejor que hace unos años».
Pese a que los sindicatos sólo estarían dispuestos a, llegado el caso, aplicar medidas correctoras desde la comisión de seguimiento del plan minero, el Gobierno de Valladolid, en manos del popular Juan Vicente Herrera, sostiene contra viento y marea que Castilla y León recibe «mucho menos» de lo que le corresponde con cargo a los fondos para ayudas empresariales. De acuerdo a sus tesis, si el reparto de ayudas fuera coherente», a su comunidad autónoma «le correspondería el 31 por ciento del dinero disponible, cuando, con el modelo actual, ha percibido el 21 por ciento».
Rosa Cuesta, la procuradora popular en las Cortes de Valladolid que defendió la proposición no de ley exigiendo cambios en el modelo de reparto de los fondos, subrayó que las partidas empresariales suponen 42,3 millones para los 112 municipios de Castilla y León susceptibles de recibir ayudas, mientras que uno solo de Castilla-La Mancha ya recibe 44,7 millones. Es más, también criticó que el Ministerio de Industria «únicamente ha decidido financiar la mitad de los proyectos empresariales presentados».
