El comprador achaca el proceso, de cinco años, a luchas internas sindicales

El empresario que llevó a cabo las operaciones urbanísticas con el Montepío de la Minería, el riosano Sergio Díaz Sariego, achacó el largo proceso judicial abierto en torno a la compraventa de inmuebles «a la posibilidad de que los querellantes quisieran hacerse con los apartamentos que se vendieron, aunque lo que trasluce es una lucha sindical». Así se manifestó en su declaración en un Juzgado de Madrid, hace unas semanas.

Precisamente, Sergio Díaz Sariego, en cuya actuación la juez tampoco advierte ningún comportamiento ilícito, fue, desde el primer momento, el centro de las sospechas de los demandantes. Díaz Sariego, ex minero del pozo Olloniego que regentó un negocio de importación de vehículos, es natural de Riosa, municipio en el que fue alcalde Alfredo Álvarez Espina. Además, el suegro de Díaz Sariego, Amado Hevia, es un conocido empresario vinculado al sector minero y maderero que ocupó la vicealcaldía de Riosa. Todos estos hechos, junto con otras vinculaciones familiares de Díaz Sariego con dirigentes sindicales, fueron los que alentaron las sospechas de la acusación. Ahora, la juez viene a confirmar que su actuación no presenta ningún comportamiento delictivo. Tras cinco años, igual que con el «caso Campelo», la justicia valora como legal su participación en la operación.