Mieres / Langreo, J. E. M.

El sector minero vuelve a colocarse a las puertas de un nuevo conflicto. Que se cruce el umbral dependerá directamente de la diligencia que muestre en los próximos días el Ministerio de Industria con la gestión de las ayudas a la producción que debe abonar a las empresas carboneras este año, un montante de 320 millones de euros. La patronal del sector anunció ayer mismo que los problemas que forzaron una suspensión de pagos en las empresas privadas y una congelación del proceso de prejubilaciones el año pasado están a punto de reproducirse, puede que incluso en unos días. «La presidencia de Carbunión quiere hacer público que el retraso en la autorización de los pagos de las ayudas al funcionamiento correspondientes al año 2008 ha causado tales trastornos a sus tesorerías que está comprometiendo el pago de las nóminas del mes de mayo», señalaron ayer fuentes de la patronal, que ya anuncia que «muchos de sus asociados han informado de la imposibilidad de hacer frente a sus responsabilidades debido al incumplimiento del acuerdo de noviembre pasado».

En aquella fecha, el Ministerio de Industria había alcanzado un pacto con las empresas para que los pagos se acometieran en el primer trimestre del año. Con ese acuerdo se ponía fin a un período de conflictividad provocado por la demora en el pago de las ayudas, entonces de diez meses. La patronal afirma que llevar a cabo los pagos en tiempo y forma es «indispensable para poder asegurar el desarrollo normal de la actividad minera». Asimismo, Carbunión, conocedora de la impopularidad de la medida, asegura que «lamenta las consecuencias que tal hecho pueda tener para sus trabajadores y espera que la Administración pueda resolver esta contingencia tan pronto como sea posible». El principal temor entre los empresarios y los trabajadores es que se repita la situación del año 2007.

Las empresas aseguran que las demoras en el cobro de ayudas las coloca al borde de la asfixia económica. El impago fuerza a las compañías a acudir a préstamos bancarios para pagar los salarios. Al no contar con acuerdo que sirviera de aval (las ayudas no han sido siquiera aprobadas por el Consejo de Ministros), las condiciones crediticias, ya de por sí agravadas por la subida de tipos, se endurecieron situando contra las cuerdas su viabilidad.