Especialistas asturianos abren el debate de la castración química a raíz del último caso

l Los psicólogos creen que los violadores reincidentes, violentos y toxicómanos son «irrecuperables» l Maximino G. S. puede ser condenado a 20 años de cárcel

16·08·08 | 03:00

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Especialistas asturianos abren el debate de la castración química a raíz del último caso juan plaza

Mieres / Langreo

Maximino G. S., el langreano de 36 años detenido por agredir sexualmente a tres mujeres en el paseo fluvial del Nalón, puede enfrentarse a una condena de entre 15 y 20 años de cárcel por los delitos que se le imputan. Así lo consideran los abogados consultados por este diario. El joven, que ya cumplió condena por otro delito sexual ocurrido en 1998 en La Felguera, está encausado también por un delito contra la salud pública, ya que se le incautaron 450 dosis de heroína y 47 más de cocaína.

«Está el agravante de la reincidencia, por lo que podríamos estar hablando seis años por el supuesto delito contra la salud pública y entre 12 y 15 por las agresiones sexuales si fueron consumadas», indicó el letrado langreano. En una línea similar se manifestó el también abogado langreano Jesús Quesada. «Pueden darse atenuantes, pero con la reincidencia la pena conjunta puede alcanzar los 18 años de prisión», apuntó Quesada, que añadió: «La reincidencia en estos casos es muy elevada y al final es la sociedad la que lo paga. Habría que ejercer un mayor control de los agresores sexuales con valoraciones psicológicas exhaustivas incluso después de salir de prisión».

Marina González, presidenta de la asociación contra la violencia de género Maeve, opina que la base del problema es cultural y que parte de la tendencia de algunos hombres de «considerar a la mujer un ser inferior». González aboga por ejercer un mayor control sobre los agresores para determinar que están preparados realmente para reintegrarse en la sociedad. «Hay un peligro comprobado de que vuelvan a reincidir y si no existe un mayor control psicológico lo que hacemos es poner en la calle una bomba de relojería», aseguró la representante de Maeve, que también apunta la necesidad de abrir el debate sobre la castración química: «No digo que la defienda, sino que es un debate que está ahí y una realidad que hay que afrontar, cuando son los propios agresores los que lo piden, porque ellos mismos dicen que no pueden reprimirse».

Pocas esperanzas, como Marina González, tiene la psicóloga mierense Natalia Suárez Suárez. «Trabajar el control del impulso sexual es complicado, es muy primario y básico. Encarcelar a alguien aísla el problema pero no lo corrige. Habría mucho que hablar pero en casos que asocian la falta de control sexual y el ser reincidentes, con toxicomanías o comportamientos violentos son prácticamente irrecuperables y suponen un peligro social», afirma Suárez.

Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, pone de manifiesto, por su parte, que «la privación de libertad, sin más, no cambia sustancialmente los trastornos del comportamiento». Por ello, no le resulta extraño que haya violadores que, como en el caso de Maximino G. S., reincidan nada más cumplir condena, en el caso de que no hayan recibido una atención especializada en la cárcel. A este respecto, el prestigioso profesional lamenta que en la prisión de Villabona, «donde hay una gran presencia de enfermos mentales», la atención en esta materia es «claramente insuficiente». Es más, a su juicio, el próximo programa de salud mental del Principado debe acabar con esta carencia, sobre la base de que «el centro penitenciario no puede ser un islote en los servicios sanitarios de la región». Además, Bobes señala que «hay programas específicos para la reinserción de los violadores» y que «éstos deben estar disponibles, por mucho que no resuelvan la problemática en un cien por ciento de los casos, ya que hay agresores que nunca cambiarán». También plantea la necesidad de entablar un debate legal sobre la conveniencia de recuperar la figura de la reincidencia.

La psicóloga langreana Margarita Tamargo defiende que los casos de violadores, aún siendo reincidentes, deben «estudiarse uno a uno para no caer en generalidades». «Los motivos que llevan a estas personas a violar de manera reiterada pueden ser muy diferentes e ir desde problemas sexuales hasta trastornos mentales como los que son obsesivos compulsivos o psicópatas». Tamargo señala que «tampoco se puede decir que con un tratamiento todos los violadores pueden rehabilitarse y tampoco que alguien que lleve muchos años con esta conducta no pueda curarse».

La opinión de algunos abogados difiere de la de los psicólogos y psiquiatras. El famoso letrado Marcos García Montes lo tiene claro: «Lo que fallan son las herramientas del Estado para evitar que los violadores, la mayoría de ellos enfermos mentales, vuelvan a reincidir». «La legislación se ha olvidado de que son enfermos y la cárcel no es el tratamiento más oportuno para ellos, sino un internamiento del que no puedan salir». García Montes explica que «los violadores disfrutan con el dolor ajeno y no van a reinsertares nunca». Por su parte el abogado mierense Ricardo Vázquez Montoto añadió que «lo que está claro es que los mecanismos de control en este tipo de casos son pocos y poco efectivos». «Según los estudios hay un grandísimo porcentaje de violadores que no se rehabilitan. La actual legislación los detiene, los condena, los mete en la cárcel, y después, a la calle», apuntó.

Por su lado, el también abogado José Luis Rebollo señala que casos como el de Maximino G. S. ponen de manifiesto la «absoluta falta de vigilancia» para evitar que los violadores que salen de prisión vuelvan a protagonizar ataques sexuales a través de «sistemas como las pulseras de seguimiento». El letrado relaciona este tipo de hechos con «la falta de medios» que aprecia en la justicia, Administración que no duda en calificar como «la oveja negra del sistema democrático español». La psicóloga y ex concejal de San Martín Aroa Alarcó considera que «en este tipo de casos la que pierde siempre es la víctima». «Los violadores reincidentes suelen estar afectados por una psicopatía. Además, muchas víctimas no denuncian porque temen quedar estigmatizadas por la sociedad».