Langreo,
Andrés VELASCO
El desarrollo de los polígonos de Venturo (San Martín), La Moral II (Langreo) y Tres Amigos (Mieres) se encuentran a la espera de la elaboración de sendos estudios de impacto, requisito solicitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado.
Sobre el polígono de Venturo, que se va a emplazar en los terrenos del pozo minero del mismo nombre, Medio Ambiente quiere que se evalúen los potenciales riesgos de la instalación. Así, entre otras cosas, el informe solicitado al Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio debe recoger un estudio de riesgos geológicos, un plan de gestión de residuos, una evaluación de los efectos previsibles y un proyecto de restauración e integración paisajísticas de la zona en la que se instalará el polígono.
En lo referente al área de La Moral II, el departamento dirigido por Francisco González Buendía estima necesaria la elaboración del estudio porque, entre otras cosas, «la ubicación de un nuevo parque empresarial supondrá un aumento del tráfico, lo que implicará un incremento de las afecciones al medio y población cercana». Además, el Principado quiere conocer los efectos paisajísticos de la actuación, ya que «la topografía se verá sustancialmente alterada» por la diferencia de cota entre los extremos del área, siendo necesarias actuaciones de desmonte y relleno. Por último, la Consejería quiere conocer también el impacto sobre el medio por generación de residuos y contaminación que las obras podrían provocar.
En el caso del área mierense de Tres Amigos, la Consejería cursó la solicitud a Hunosa, promotora del proyecto, para que elabore el informe de impacto ambiental para poder desarrollar el plan de urbanización del futuro polígono, una de las actuaciones empresariales que Mieres tiene pendientes de ejecución.
El informe inicial elaborado por los técnicos de la empresa pública deberá ser completado para evaluar con más detalle la incidencia de la actuación sobre el entorno. En este caso, el Principado quiere descartar la posibilidad de que los terrenos puedan sufrir inundaciones debido a su proximidad al río San Juan. En este sentido, el Gobierno regional reclama un estudio para evaluar también la incidencia que la futura actividad industrial tendrá sobre el citado cauce.
