Mieres del Camino,
Andrés VELASCO
Con el mapa geológico de los emplazamientos donde se instalarán los almacenes de CO2 prácticamente perfilado, el Gobierno central está comenzando a sentar las bases para legislar y establecer las bases jurídicas sobre las que se asentarán la concesión de licencias de almacenamiento a las futuras empresas interesadas en gestionar estos depósitos de gas. Dentro de los once emplazamientos previstos por el Ejecutivo en ese mapa geológico, dos de ellos estarían en Asturias: uno frente a la costa de Llanes y otro frente a la de Buelna. Sin embargo, tampoco se descarta que el número sea mayor, ya que también se está investigando sobre la posibilidad de que pudieran construirse más depósitos en las minas de la zona central del Principado.
Pese a que el proyecto piloto para investigar sobre esta materia se está desarrollando en Ponferrada (León), el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, anunció que la hullera también tiene en marcha un proyecto para ver las posibilidades de absorción de dióxido por parte de las capas de carbón. Secades planteó que la hullera pretende crear un laboratorio subterráneo en el pozo Montsacro de Morcín, con socios internacionales, para ver cómo funciona esa absorción por parte del carbón.
Así las cosas, y a la espera de concluir todos los estudios que se están realizando, el Gobierno central, a través de los ministerios de Industria y Medio Ambiente, está dando los primeros pasos para establecer una legislación en cuanto a la explotación de licencias por parte de las empresas. Entre las disposiciones que se recogen en el anteproyecto de ley presentado, destaca que los permisos de explotación se otorgarán a las firmas por un período de al menos 20 años, tras el cual pasarían a manos del Estado.
Con esta medida, se pretende que los concesionarios de las licencias realicen un seguimiento de sus zonas de almacenamiento del CO2 para comprobar que el confinamiento geológico del carbono puede resultar indefinido. Así, el Estado se hará cargo de los almacenes una vez que las empresas hayan demostrado que, al menos durante 20 años, el CO2 ha estado almacenado de forma segura.
Tanto desde Industria como desde Medio Ambiente se cree que esta legislación ayudará a cumplir el objetivo de la UE de reducir en 2020 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento. Por último, ya se está tramitando el anteproyecto que regulará el comercio de derechos de emisión, que pasarán a ser subastados.
