Aller / Lena,

José A. ORDÓÑEZ

La investigación arqueológica en La Carisa ha concluido sin que el Gobierno del Principado haya impulsado algún tipo de protección para un enclave que, según todos los expertos, resulta fundamental para conocer dos relevantes periodos de la historia de la región: los primeros tiempos de la romanización y los momentos inmediatamente anteriores a la constitución del Reino de Asturias. Hace ya cinco años, el entonces director general de Cultura, Carlos Madera, anunció la apertura del expediente para que la zona fuera declarada bien de interés cultural (BIC), tal y como habían reclamado, mediante acuerdos plenarios, los ayuntamientos de Aller y de Lena. Sin embargo, desde entonces nada más se ha sabido del asunto. Ha pasado tanto tiempo que, si algún día llegó a existir un expediente sobre el asunto, éste ya se encontraría caducado. La Consejería de Cultura nunca ha sentido La Carisa como propia y la ha dejado en una situación de indefensión, que, ahora, una vez concluidas las investigaciones financiadas por Cajastur, parece más acusada que nunca.

La situación actual del yacimiento ejemplifica la actitud que ha venido manteniendo la Consejería desde el mismo momento en que fue descubierto por Jorge Camino y Rogelio Estrada, a finales de 2001. Más allá de las visitas de algunos representantes regionales, lo cierto es que, en la práctica, los principales responsables de Cultura, salvo algunas honrosas excepciones, se desentendieron del asunto, llegando a invitar a los investigadores a que se buscasen financiación privada si querían estudiar los restos del monte Curriechos y del Homón de Faro. Del Gobierno, ni un duro. Pese al patrocinio de Cajastur, prorrogado varios años sobre las previsiones iniciales, el desinterés de la Administración lastró desde el comienzo los trabajos tanto en los vestigios del campamento romano como en los restos de las murallas astures.

Es más, a día de hoy, en la Consejería no conocen la extensión ni la delimitación exacta del yacimiento, algo indispensable para su declaración como BIC, una figura que, por otro lado, los expertos consideran muy importante desde el punto de vista económico, por cuanto permitiría la aplicación de incentivos fiscales en el caso de que se produjesen nuevas inversiones privadas en los restos arqueológicos. En realidad, y dejando a un lado la presencia de Jorge Camino en las investigaciones, las aportaciones de la Consejería de Cultura a este proyecto se limitan a una colección de fotografías aéreas y a una subvención de 5.000 euros para la celebración de un congreso que se desarrolló el pasado año en Oviedo.

La situación de La Carisa choca frontalmente con la de los restos de los campamentos romanos que se han descubierto en Cantabria, unos enclaves que ya están protegidos como bienes de interés cultural desde hace tiempo. Los vestigios de fortificaciones imperiales de la comunidad vecina, como los de La Carisa, están ligados directamente a las campañas de las guerras astur-cántabras posteriores al año 27 antes de Cristo, si bien en el caso asturiano parece ya probado que la plaza fuerte fue utilizada en tres fases temporales sucesivas: la primera, en el 26 antes de Cristo con motivo de las guerras; la segunda, en el año 22 antes de Cristo a raíz de la rebelión de los pueblos indígenas; y la tercera, en el 19 antes de Cristo, tras la pacificación del territorio.

El enclave está formado por una vía romana, los vestigios del campamento imperial ubicado en el monte Curriechos y una barrera defensiva indígena situada en el Homón de Faro. En un primer momento, el equipo arqueológico relacionó la muralla astur con la plaza fuerte romana. Sin embargo, el carbono 14 dató este enclave en torno al año 700, aunque lo más probable es que fuera erigido sobre uno anterior coetáneo de Curriechos.

Trabajo de campo

El equipo arqueológico de La Carisa dio por concluido recientemente el trabajo de campo en el yacimiento, después de que se agotase la financiación de Cajastur, que se había prorrogado varios años sobre las previsiones iniciales.

Desinterés regional

El Principado anunció la apertura de un expediente para declarar el yacimiento bien de interés cultural (BIC), aunque este procedimiento nunca llegó a concretarse. La colaboración regional se limitó a una colección de fotos aéreas y una subvención de 5.000 euros.