Castilla y León rechaza que Hunosa acumule y comercialice el stock de carbón del país

Mieres / Langreo, M. Á. G.

Las primeras horas fueron de sorpresa. Sin embargo, con el paso de los días, la confusión inicial empieza a transformarse en recelo e incluso rechazo expreso. El anuncio del Consejo de Ministros de convertir a Hunosa en el almacén estratégico que comercializará el stock de toda la minería del país, hecho público hace una semana, no ha caído con buen pie en Castilla y León. Gobierno autonómico, sindicatos y alcaldes de la comunidad vecina entienden que la medida es un «parche» y no soluciona el problema estructural de fondo: la estrepitosa caída de consumo de mineral autóctono por parte de las compañías eléctricas. Los sectores afectados también han demandado información más detallada sobre el mecanismo logístico que se debe poner en marcha para hacer efectivo el plan del Gobierno central.

En su resolución, el Consejo de Ministros encomienda a Hunosa «la adquisición de mineral y la gestión del almacenamiento temporal», con la idea de comercializar las reservas acumuladas cuando repunte el consumo por parte de las térmicas. Sin embargo, Madrid no concretó cómo se llevará la medida a la práctica ni que espacios se utilizarán para el almacenamiento y posterior distribución del mineral. Fuentes de Hunosa tampoco quisieron valorar, por el momento, de qué forma se ejecutará la actuación encomendada por el Consejo de Ministros.

En medio del desconcierto general, empiezan a aflorar las voces críticas, especialmente en la comunidad autónoma vecina. La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha tildado el plan gubernamental de «parche» ya que sólo «traslada el problema en el tiempo y en el espacio». Para el Ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera, no se está quemando mineral, por lo que se incumple el Plan del Carbón. En esa línea, la Junta alerta de que se está poniendo en peligro el empleo de las minas y de las propias térmicas, así como del sector del transporte. También plantea sus dudas sobre las fórmulas que se emplearán para llevar a la práctica el plan del Gobierno: cuál será el punto de almacenamiento, cuál será el precio de adquisición del mineral o quién asume los costes del traslado.

El Ejecutivo de Castilla y León aboga, como medida a medio plazo, por recuperar el incentivo al consumo de mineral autóctono introduciendo ajustes vinculados a la evolución del mercado. Este mecanismo estuvo vigente hasta el año pasado, pero fue descartado ante las reticencias que planteaba en la UE.

No sólo la Junta ha mostrado su rechazo a la medida ministerial. Los sindicatos leoneses entienden que el plan sólo sirve para «ganar tiempo». El responsable de la Federación de Industria de CC OO en León, Alberto González Llamas, considera que «no era lo que esperábamos y no da solución a los problemas del sector», mientras que el responsable del sector minero de FIA-UGT en el Bierzo, Guillermo Sánchez, opina que el plan «es un parche que a medio plazo no soluciona el problema».

Por su parte, Carlos López Riesco, alcalde de Ponferrada, cree que la solución ministerial es «escasa» y «para nada» soluciona el problema de base.