Un paso atrás para la democracia

JOSÉ MANUEL BARREAL SAN MARTÍN En tanto la clase política española está siendo incapaz de aunar esfuerzos para consensuar las medidas necesarias que puedan, sino resolver, al menos paliar la crisis económica que se está sufriendo, enfrentándose -más hacia la galería- con debates estériles, PP y PSOE han sido capaces de ponerse de acuerdo para eliminar del ordenamiento jurídico español los preceptos que permitían defender a los jueces el «principio de justicia universal» persiguiendo las violaciones de los derechos humanos.

La modificación del artículo 23.4 de la ley Orgánica del Poder Judicial evitará que en el futuro se puedan investigar por vía penal casos como la violación de los derechos humanos en el Tíbet, los crímenes cometidos recientemente en Gaza por las autoridades de Israel, etcétera. La defensa universal de los derechos humanos quedará muda ante las presiones diplomáticas y España decide homologarse con los Estados que miran para otro lado (a pesar de Obama) ante las vejaciones que sufren millones de ciudadanos.

Esta renuncia a la « justicia universal» por parte del Gobierno de España anula la esperanza de muchos ciudadanos del mundo que ponían a nuestro país como uno de los lugares en donde podían perseguirse los delitos de terrorismo cometidos en cualquier parte del mundo sin necesidad de que las víctimas fuesen españolas.

Hacía tiempo que se observaban algunas injerencias sobre los órganos encargados de la jurisdicción: críticas por responsables políticos y de diferentes estamentos jurídicos, en el sentido de priorizar criterios políticos y económicos respecto del ejercicio de la jurisdicción universal y la defensa de los derechos humanos. El mismo Carlos Divar, la semana anterior al debate del estado de la nación, en el que se ha aprobado la resolución comentada, solicitaba cambios legislativos restrictivos cuestionando que España se convirtiera en el «gendarme judicial del mundo». Teniendo, dichas declaraciones, un amplio eco mediático en los medios de información.

El pasado mes de mayo, PP y PSOE pactaban limitar el ejercicio de la justicia o jurisdicción universal. La propuesta de resolución fue presentada inicialmente por el PP, como propuesta número 72, y ha sido aprobada en los términos de la enmienda 196 del Grupo Socialista con 339 votos a favor, ocho en contra y una abstención. Limitando, de este modo, la jurisdicción universal penal, el principio que ha permitido que la Audiencia Nacional tramite 13 causas que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala, el Congo o los crímenes israelíes en Gaza.

Desde mi parecer, no es justo que a estas alturas se obvie el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países, cuando en algunos de ellos estamos viendo y oyendo cómo las violaciones más graves de derechos humanos están en el orden cotidiano del día. Por eso, huir de la actuación de enjuiciamiento judicial de sus responsables me parece un acto que rebaja la calidad de nuestra democracia. Por ello, es inadmisible que se pretenda eludir la persecución y enjuiciamiento de genocidas y criminales de guerra con el argumento de la soberanía nacional de los estados.

Hay que recordar que los convenios de Ginebra (que España firmó) establecen la obligación de las partes contratantes de buscar a los responsables que cometiesen u ordenasen realizar infracciones graves a estos convenios, y además hacer comparecer ante sus propios tribunales o entregar a la otra parte contratante que los enjuicie a las personas responsables de las infracciones. ¿ Se va a olvidar la firma?

Si finalmente se reforma la norma, en el sentido aprobado el pasado día, deberán ser los que la aprueben y quienes la defienden los que miren a los ojos de las víctimas y les digan que la justicia ha sido abandonada para «mejorar» las relaciones diplomáticas y los negocios en el extranjero.

La jurisdicción universal honra a la democracia. Lo contrario es un flaco servicio a la misma. En fin, días de poca gloria para el Parlamento español.