FRANCISCO PALACIOS
Los recientes conflictos callejeros en Barcelona (y en otras ciudades españolas) pusieron de nuevo sobre el tapete los aspectos más escabrosos de la llamada «industria del sexo». También sirvió para avivar la polémica entre los grupos abolicionistas, que consideran la explotación sexual una violencia de género, y los defensores de regular la prostitución para debilitar la influencia de mafias y proxenetas. Asimismo, se volvió a debatir sobre sus aspectos sociopolíticos, morales, sanitarios, de orden público. Y sobre todo, económicos: hace dos años, los españoles se gastaban todos los días en prostitución más de cincuenta millones de euros. Un lucrativo negocio. (Ya en 2005, las acciones del primer prostíbulo que salía a Bolsa, en Australia, doblaban su precio en el primer día de su cotización).
Los sucesos de estos días me trajeron a la memoria una serie de llamativos episodios relacionados con la prostitución que tuvieron lugar en Langreo durante la dictadura de Primo de Rivera. Tras una dura campaña para erradicar «el libertinaje y el vicio», fueron clausurados los «bares de camareras» del municipio. La medida desencadenó en la prensa una intensa batalla dialéctica e ideológica.
Los vecinos se quejaban de las molestias causadas por los escándalos que se producían en plena calle. Los partidos políticos participaron abiertamente en la polémica. Los conservadores se opusieron radicalmente a que siguieran abiertos aquellos «antros de mal ejemplo» para los más jóvenes. Los socialistas, arguyendo «el estado de incultura de los obreros y de la clase media», aprobaron el cierre de las «casas de mal vivir» hasta que estuvieran cumplidamente reglamentadas. Y los republicanos defendieron aquellos «sitios de solaz y recreo» porque representaban el índice cultural de un pueblo.
Esta postura irritó especialmente al diario ovetense «Región», portavoz de los conservadores asturianos. Tras acusar de disolventes y libertinos a los republicanos, el periódico arremetió sin piedad contra los locales en los que trabajaban «las chicas de mala nota». Éstas no se arredraron. Respondieron de inmediato manifestándose festiva y ruidosamente por las calles del concejo para defender «sus legítimos derechos».
Y es ahora cuando intervienen los sindicatos en apoyo de los derechos laborales de las «dignas trabajadoras del placer». Aquel episodio se cerró, de momento, permitiendo a las jaraneras y reivindicativas jóvenes seguir ejerciendo su oficio, a condición de que evitaran públicamente «escándalos y malos ejemplos».
En definitiva, hay muchas formas de prostituirse. Y en la jerarquía de las prostituciones no es precisamente la sexual la más dañina para el procomún. Es cierto que puede resultar obscena (lo que, por muy íntimo, debe quedar fuera de escena) cuando se desborda e invade espacios que no le son propios.
En cualquier caso, la prostitución es, sin duda, una insoslayable realidad social que requiere prudentes medidas políticas y no sólo soluciones provisionales y precipitadas para atenuar sus efectos más escandalosos en la calle.