Los expertos advierten de que corre peligro una inversión de 10.000 millones

Mieres del Camino,


D. M.


Las consecuencias del polémico recorte al sector termosolar aprobado en el Senado tiene una doble ramificación. Por un lado, paralizaría la construcción de centrales y, por otro, ahogaría a las empresas que suministran materiales a estas firmas. En este segundo grupo se encuentra, por ejemplo, Rioglass Solar. La ingeniera Aytea Álvarez, una de las principales autoridades que hay en la región dentro de este campo, aseguró ayer a este diario que el Gobierno central ha actuado con «irresponsabilidad y sin medir las consecuencias de la decisión que está sobre la mesa».


Aytea Álvarez apunta que actualmente hay en España 30 plantas en proceso de construcción: «Estamos hablando de una inversión global que ronda los 10.000 millones de euros, que en gran parte ya ha sido paralizada por la demora en las resoluciones de inscripción al registro aprobado por el Estado».


Esta experta subraya que cada nueva central de carácter termosolar conlleva una inversión que oscila entre los 200 y los 300 millones. Según su experiencia, la proliferación de actuaciones dentro del campo de la energía fotovoltaica ha generado conceptos erróneos entre la opinión pública: «Una cosa son los chiringuitos que se han montado en algunas zonas y otra muy distinta las grandes centrales».


Los portavoces del sector termosolar recordaron ayer que España ha incentivado en los últimos años importantes inversiones empresariales, tanto nacionales como extranjeras, así como numerosos proyectos de desarrollo tecnológico conjunto entre empresas y centros de investigación: «Con la nueva ley las fábricas se cerrarán y la tecnología, como es lógico, se desarrollaría fuera del territorio español».