Jubilaciones

JAVIER GARCÍA CELLINO Es lógico que a partir de esa edad que ya va camino de convertirse en el tercer ciclo de nuestra existencia -los sesenta obligan a administrar los años con prudencia, conscientes de que se van acabando ya los quinquenios-, todos nos hayamos puesto a calentar la frente echando cálculos sobre la futura pensión que nos aguarda a la vuelta de la esquina.


Lo cierto es que en ese ejercicio mental se mezclan guarismos más o menos fijos, que atañen a nuestra base de cotización en los últimos quince años, con otros elementos de incertidumbre, entre los que se encuentra el de saber si el Gobierno de turno será capaz de aguantar las embestidas neoliberales que propugnan no sólo aumentar los años para el cálculo de esa base de cotización sino también el tiempo que tardaremos en poder mandar a hacer puñetas el despertador.


Hace días, y en una de esas tertulias en las que jugamos a convertirnos en aventajados calculistas mentales, no faltó alguien que se encargó de echar agua helada a la ya de por sí fría atmósfera que nos rodeaba: a nadie se le escapa que el cálculo de los últimos quince años hace descender bastante nuestra temperatura económica actual. Y por si aún tuviéramos dudas de que la sopa del mundo no está precisamente muy bien repartida, nos fue recordando que el trayecto hasta la caja de pensiones está formado por itinerarios distintos, y que la mayoría, es decir, los que hacen posible que esa gaveta pública se sostenga en pie, deben transitar por terrenos empinados y abruptos las más de las veces, mientras que otros, en este caso los políticos, acostumbran a acceder a través de vías perfectamente asfaltadas.


Por si aún creyéramos, como Víctor Hugo, que la fuerza más fuerte de todas es un corazón inocente, los pedriscos de hielo no dejaron de caernos uno encima de otro mientras escuchábamos algunos datos capaces de congelarnos aún más el ánimo, si ello fuera posible. Frente a los 32.000 euros de pensión máxima de un trabajador, los políticos tienen derecho a cantidades muy superiores -pueden llegar a 74.000 euros en el caso de los primeros espadas-, y, además, estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos de la Administración o con otras actividades económicas. Y, por si aún no fuera suficiente con esta primera ducha, mientras un trabajador autónomo o por cuenta ajena necesitar haber cotizado 35 años, un diputado o senador tiene que estar sólo 7 años en el cargo para optar a la pensión máxima. Todo ello sin poner a enfriar datos como el descuento en las bases de cotizaciones u otros chuzos que no hay tiempo de comentar.


Mientras tanto, al Gobierno no se le ocurre mejor solución para revitalizar las que denominan alicaídas arcas públicas -unos cajones en los que cada uno de nosotros ha depositado una parte de su dinero-, que recurrir al alza de impuestos, una medida que reprueba casi el 93 por ciento de los habitantes de este país y que si por algo se distingue no es, precisamente, por su originalidad: los políticos de turno siempre acaban apelando a la misma receta desde los tiempos en los que Caín le dio un mordisco a la apetitosa manzana (por cierto, nunca se supo si era una Reineta blanca o gris o de alguna otra variedad).


Eso sí, los responsables de la gestión pública no dejan de recordarnos una y otra vez que debemos ser austeros en este delicado trayecto que estamos atravesando. El problema es que nunca nos dicen cuándo iremos todos por el mismo camino. Suponiendo que eso les interese, naturalmente.