CC OO repudia «los ataques» al carbón nacional y defiende la medida para primarlo

Mieres / Langreo, P. C.


La Federación de Industria de CC OO defendió ayer el decreto que tramita el Gobierno para primar el carbón nacional y repudió «los continuos e interesados ataques» al sector.


Desde CC OO se destaca que el acuerdo alcanzado por sindicatos, patronal y Gobierno para la puesta en marcha del decreto de primas al carbón «cumple» con el plan de la minería 2006-2012 que garantizaba al consumo de carbón nacional por considerarlo reserva estratégica desde el punto de vista de garantía de suministro y abastecimiento. Además señalan que defender la generación eléctrica con carbón nacional no contradice ni cuestiona la defensa de otras fuentes de generación.


«El real decreto en fase de tramitación contempla la regulación del sector del carbón nacional desde la necesidad de mantenimiento de la actividad, no entrando en contradicción con la defensa de otras fuentes de generación eléctrica que, en algunos casos, también han sido fuertemente primadas por un periodo temporal de 20 años», señala la Federación de Industria de CC OO en referencia a las energías renovables. Además, añade que «el real decreto tiene en consideración la preocupación del sector eléctrico de que la regulación del consumo de carbón nacional no afectase al pool (el mercado mayorista de electricidad)». Por ello CC OO rechaza «los continuos ataques al sector del carbón por parte de quienes persiguen sus propios intereses».


Desde CC OO se apuesta por un mix energético diversificado que contemple el carbón nacional por razones técnicas de operación del sistema eléctrico y que reduzca la dependencia energética de España. «Sólo incluyendo al carbón nacional dentro de la dieta energética se dará estabilidad al sector, se mantendrá la actividad y el empleo y se contribuirá a la cohesión socio-territorial», señalan los portavoces de la Federación de Industria de CC OO, que añaden que «defender la producción de energía a través del carbón a medio y largo plazo pasa por poner en marcha en régimen de mercado los mecanismos de captura y almacenamiento de CO2 que en la actualidad están en proceso de I+D, para lo que se necesita la apuesta política y económica por parte de las administraciones y empresas.