Madrid, Módem Press
Durante los últimos años la industria carbonera española ha vivido dentro de una de burbuja. Se sucedían los planes de reestructuración, el cierre de explotaciones, los conflictos laborales, los acuerdos, la aplicación de fondos con los que cambiar el tejido productivo de las cuencas... El carbón español seguía su marcha descendente y excepto en momentos muy puntuales su repercusión en el debate político y social del país era muy limitado y restringido a las comunidades con peso minero como Asturias y Castilla y León. Todo cambió cuando el Gobierno de Zapatero redactó el Real Decreto para garantizar el consumo del mineral extraído de las explotaciones nacionales y su presencia en el mix de generación eléctrica española, un compromiso que el propio presidente del Gobierno había adquirido en la pasada fiesta minera de Rodiezmo. El carbón autóctono (del de importación que se quemaría si no hubiera hulla, antracita ni lignito nacionales nadie habla curiosamente) se convirtió de golpe en estrella mediática. Políticos, medios de comunicación, analistas financieros y económicos, tertulianos, opinadores, ecologistas... se sumaron en tromba a hablar y pontificar sobre el carbón y el mineral se situó en el centro del caliente debate energético.
El carbón autóctono mantiene hoy en día una producción cercana a las 11 millones de toneladas anuales y algo menos de 6.000 empleos (a mediados de los ochenta había en nuestro país cerca de 55.000 mineros que producían 40 millones de toneladas) y mantiene una cuota en el mix de generación eléctrica en nuestro país que en el año 2.008 fue del 8% a lo que hay que añadir el otro 8% de electricidad que, aproximadamente, se genera con mineral traído de fuera de nuestras fronteras.
Durante todo este ejercicio del 2009 los porcentajes, sin embargo, variaron y las centrales térmicas dejaron de consumir carbón nacional debido a la espectacular bajada del precio del carbón en los mercados internacionales, la caída de la demanda energética en nuestro país y el gran auge de las energías renovables fuertemente subvencionadas con fondos públicos. Todas las alarmas saltaron en el sector carbonero español ante la situación y empresarios, sindicatos, empresas eléctricas y Ministerio de Industria se pusieron manos a la obra para buscarle una salida a la difícil situación.
De ahí surgió este real decreto que, amparado en la normativa europea que permite dar preferencia de entrada en el sistema energético a la electricidad generada con fuentes autóctonas, hasta un máximo del 15% garantiza el consumo de carbón nacional. Y la caja de los truenos se destapó generando en España un debate sin precedentes sobre el carbón nacional.
Un debate que, en el fondo, esconde una batalla económica sin igual en la que se están jugando muchos millones de euros porque en estos momentos no sólo el carbón se juega su futuro sino que también lo hace la energía nuclear. Y en medio las renovables. Una energía verde que vive un boom en medio de una catarata de elogios por su carácter no contaminante y de primas millonarias por parte de la Administración.
Así, en esta guerra, los activistas anticarbón acusan al mineral, sobre todo, de ser altamente contaminante y responsable de la mayoría de las emisiones de CO2 y de acaparar ayudas millonarias que se podrían destinar a energías limpias. A la vez tachan de contradictoria la política de un Gobierno que apuesta, a la vez, por las energías renovables y el carbón.
Desde las filas de los defensores del mantenimiento del carbón autóctono en la dieta energética se destaca que es nuestra única fuente energética autóctona, a la que califican de vital para disminuir nuestra dependencia energética del exterior, que se sitúa en el entorno del 80%. Ponen encima de la mesa unas reservas muchos mayores, para 200 años, que las del resto de combustibles fósiles, como el petróleo o el gas, y reconocen sí, su carácter contaminante, pero menor en emisiones de CO2 que, por ejemplo, el sector del transporte o la industria. Y es que en España la combustión de carbón ocasiona en la actualidad sólo el 15% del CO2 emitido, mientras que el sector transportes provoca más del 32% y el industrial casi el 28%. Los defensores del carbón alegan además su carácter social y vertebrador como principal actividad económica en las comarcas mineras y juegan la baza de las importantes inversiones europeas en las nuevas tecnologías de combustión limpia, que podrían, en torno al año 2020, dar lugar al carbón verde.
No obstante, las opiniones se entremezclan y están dando lugar a situaciones de verdadera esquizofrenia en la que instituciones, asociaciones y partidos políticos, donde un días se dice una cosa y al siguiente mantienen la contraria.
En esta batalla están siendo los sindicatos del sector, FIA-UGT y la Federación de Industria de CC OO, la patronal Carbunión y la Secretaría de Estado de Energía, con el firme apoyo del Presidente del Gobierno y algo más tibio del Ministro Miguel Sebastián, los más claros y firmes defensores del carbón nacional.
Los sindicatos, blandiendo todas las razones antes citadas, abogan incluso por el aumento de la presencia del carbón en la generación eléctrica española hasta el 25% y por la prórroga del sistema de ayudas europeas, que expira el próximo año, al menos hasta el año 2018. Hablan, además, de la «demonización» del carbón español al que «quieren hacer culpable del cambio climático», cuando «sólo supone el 0,15% de la producción mundial». Además de todo ello, Carbunión, presidida por el empresario leonés Victorino Alonso, incide en su aspecto económico y se defiende aludiendo a que la energía generada por carbón es, «de largo», la menos subvencionada, con los precios actuales del pool mayorista, 18 euros por cada Megavatio/hora frente a los 33,3 que perciben las instalaciones de generación con residuos, los 42,9 de la eólica, los 43,8 de la hidráulica o los 51,2 euros de la cogeneración. Las plantas de biomasa reciben 70,7 euros , la energía aprovechada en el tratamiento de residuos 90,3 y la energía solar 428,6 euros por MWh producido.
En esta coyuntura, Zapatero se dispone, a ello se comprometió en Rodiezmo pese a que Industria no lo ha incluido entre sus prioridades de actuación, a impulsar durante la presidencia española de la UE la renovación del reglamento de ayudas comunitario al carbón.
La Federación Socialista Asturiana ha lanzado un SOS para que todos los partidos ayuden a mantener la industria carbonera a medio plazo vista la postura oscilante del PP. En el Senado, el popular José Valín salió en defensa del carbón, pero los portavoces de Industria en el Congreso, Antonio Erias y Guillermo Mariscal aprovechan cada una de sus intervenciones para criticas al Gobierno por «ayudar a una fuente energética tan contaminante» o el responsable económico de Génova, Cristóbal Montoro, muestra su disconformidad con el decreto de ayudas porque «hará subir las tarifas». Las empresas eléctricas también están en aquello del un día sí y otro no y en su último informe también alertan de una posible subida de tarifas, de hasta el 8%, con la aplicación del decreto.
El carbón asiste pues, atónito, a esta cruenta batalla económica que se ha desatado a su cuenta mientras los ecologistas de Greenpeace, (aupados, entre otros por la Agencia Internacional de la Energía o la embajadora de España ante la OCDE, la socialista Cristina Narbona) han dejado de encaramarse a barcos repletos de residuos nucleares y uranio para hacerlo en cargueros con las bodegas repletas de carbón. La famosa pegatina de «¿Nuclear?, no gracias», se ha convertido ahora en «¿Carbón?, no gracias».
