La chistera minera del Partido Popular

ESTHER DÍAZ
ALCALDESA DE LANGREO A lo largo de los últimos días, hemos asistido a un debate en los medios de comunicación y en las instituciones municipales acerca del consumo del carbón nacional para la producción eléctrica. Más allá de ser un debate denso desde el punto de vista técnico, es necesario incidir también en que nos encontramos en este momento ante posicionamientos que resultarán claves, en los próximos años, para el futuro de estas comarcas y los ciudadanos que habitamos en ellas. Teniendo en cuenta esta situación, como alcaldesa de Langreo, considero necesario dejar clara nuestra posición respecto a este asunto y, por qué no decirlo, desenmascarar la estrategia del Partido Popular en sus inmensas contradicciones acerca del carbón y la defensa de la minería.

En el año 2006, se aprobó el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012, en el que, además de acordar un modelo de desarrollo de las comarcas mineras a través de los conocidos fondos mineros, se regula la distribución del carbón autóctono para nuestros territorios. El renacer del debate que ahora nos ocupa tiene su origen, fundamentalmente, en la caída de demanda eléctrica que se ha producido en el último año (en torno a un 4%), a consecuencia de la crisis económica y que afecta tanto a los diversos sectores industriales como a las familias, unida a otro factor importante como es el incremento de la potencia instalada en otras tecnologías de generación de energía (renovables y gas). En este contexto, se ha producido un importante descenso del consumo de carbón autóctono en las centrales térmicas eléctricas, lo que, sumado al mantenimiento de la producción acordada para este mineral, 10 millones de toneladas al año, ha generado importantes stocks de carbón que las eléctricas no consumen. Esta circunstancia ya obligó al Gobierno central, este pasado verano, a atajar la situación con medidas directas, encomendando a Hunosa la logística para el almacenamiento de dichos stocks. Pero cuando se han saturado los parques de almacenaje por la caída del consumo, el Gobierno actúa nuevamente y propone, por la vía del decreto discutido, instaurar una prima que incentive el consumo de dicho carbón a través del recibo de la luz. Con estas medidas no se intenta más que dar una respuesta ágil a esta situación y lograr que se cumplan los parámetros establecidos en el Plan de la Minería y, por lo tanto, asegurar la viabilidad económica de las empresas del sector. Además, el Gobierno de España, a través de la presidencia de la Unión Europea, que le corresponde a nuestro país durante el primer semestre de 2010, se ha comprometido a impulsar un nuevo reglamento de ayudas al carbón por razones sociales, territoriales y de seguridad de abastecimiento.

Esta situación ha desatado fuertes contradicciones internas en el Partido Popular y sus máximos dirigentes, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, quienes se muestran contrarios a estos incentivos y a la puesta en marcha de estas medidas que favorecerían al sector del carbón. Así, los grupos municipales del PP en las Cuencas han tenido que «sacarse de la chistera» una moción en la que piden que dichos incentivos se hagan a través de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las tarifas del consumo.

En este contexto, me pregunto: ¿por qué no se tomó esta medida durante los ocho años de gobierno del Partido Popular en España, con unos presupuestos expansivos y una situación económica mucho más favorable que la actual? Es necesario recordar que, en aquel momento, también se primaba el consumo de carbón nacional a través de la tarifa eléctrica, y no con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Si no lo hicieron entonces, cuando la situación de crisis que atravesamos ahora no existía, ¿por qué quieren hacerlo ahora, justo cuando los ingresos del Estado se desploman y los gastos en asistencia social, pensiones y desempleo, por ejemplo, se incrementan notablemente?

Lo único que se conseguiría con la propuesta del Partido Popular, al incluir el incentivo en los Presupuestos Generales del Estado, es que paguemos como ciudadanos y no como consumidores, es decir, que todos pagaríamos lo mismo sin distinguir, por ejemplo, si tenemos una simple bombilla en nuestra casa o cientos de lámparas en un centro comercial.

La moción presentada por el PP en las comarcas mineras representa una ruptura de la unidad en la defensa del futuro del carbón y de nuestras comarcas, ya que se han volcado en las tesis que defiende UNESA, la patronal de las eléctricas, que serían realmente las grandes beneficiadas con la medida que propone el Partido Popular. Lo lógico sería que si el consumo eléctrico baja y hay menos demanda, baje también el precio; pero la patronal eléctrica y el Partido Popular pretenden bajar el precio trasladando la carga de los incentivos a los Presupuestos Generales del Estado, haciendo así «más ligero» el recibo de la luz, lo que provocaría un aumento del consumo y, con ello, mayor beneficio en las cuentas de resultados de las empresas eléctricas. Y no olvidemos que este dinero no iría a parar más que a los bolsillos de los accionistas de estas compañías y nunca revertiría en el conjunto de la población. Esto es, ni más ni menos, lo que la propuesta del Partido Popular provocaría.

Por todas estas razones, requiero al PP para que deje de hacer demagogia barata, jugando con las necesidades de los ciudadanos y haciéndoles creer que saldrán beneficiados en este asunto a través de la rebaja en el recibo de la luz. Por supuesto, les conmino igualmente a que dejen de jugar con los intereses de Asturias, de las miles de personas que viven de la minería y también con el futuro de las empresas de energías renovables, que están creando muchos puestos de trabajo y que, siguiendo las tesis del Partido Popular de quitar los incentivos en el recibo de la luz, también correrían serio peligro.