Madrid / Langreo,
Agencias / M. Á. G.
Asturias es, desde ayer, el primer almacén de dióxido de carbono del país, al menos sobre el papel. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que declara el área central de la región y parte del litoral como «zona de reserva provisional a favor del Estado» para la posible ubicación de «estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de CO2». En el mismo decreto, el Gobierno central encomienda a Hunosa la exploración del territorio delimitado para un posible aprovechamiento como sumidero de dióxido de carbono. Se trata de una medida complementaria a la aprobación del proyecto de Ley de almacenamiento geológico de carbono, acordada también en la sesión de ayer y que persigue luchar contra el cambio climático.
La captura y almacenamiento geológico de CO2 consiste en captar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo permanentemente. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega explicó que con «este proyecto damos un nuevo paso hacia el compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 por ciento en 2020, que se elevará a un 30 por ciento en caso de un acuerdo internacional equitativo en esta materia».
El área de la región susceptible de ser explotada como estructura subterránea para almacenar dióxido de carbono, denominada «Asturias Centro», también incluye tramos de plataforma continental próximos a la costa. Algunos de ellos ya habían sido localizados frente a Llanes. La reserva a favor del Estado tendrá una vigencia de un año, prorrogable por orden ministerial si las circunstancias así lo aconsejan. Cuestionada por la ubicación de otros posibles almacenes, De la Vega señaló que «no están determinados los sitios». «Se está hablando con las comunidades autónomas para buscar los lugares donde se puedan establecer los centros de almacenamiento», añadió.
En la misma línea, la ministra puntualizó que el Gobierno aún no sabe «cuántos» emplazamientos puede haber en España ni «dónde» estarán. Madrid manejaba hasta ahora once posibles emplazamientos para almacenar CO2 aunque por el momento, según lo decretado ayer, sólo se ha dado el visto bueno para explorar la reserva asturiana. La vicepresidenta aseguró, eso sí, que las plantas de almacenamiento de CO2 que se construyan en España «respetarán todas las normas de impacto ambiental» y garantizarán «la seguridad que ya viene dada por la propia tecnología de estos emplazamientos».
Por otra parte, el diputado nacional de IU, Gaspar Llamazares, aseguró ayer en un acto celebrado en Gijón que su formación no está conforme «con esconder la suciedad debajo de la alfombra», en alusión al proyecto para almacenar C02 en el área central asturiana anunciado por el Consejo de Ministros. Según Llamazares, se plantea «esconder la contaminación».
Madrid, Agencias
El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al anteproyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, que traspone a la legislación española las directrices de la UE sobre captura, almacenamiento y transporte de CO2, que es el principal responsable del cambio climático. El objetivo de la futura norma es establecer una base jurídica para que estas actividades se lleven a cabo «en condiciones seguras para el medio ambiente y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático», precisa la referencia. Una de las primeras consecunecias es la designación de la zona central asturiana como posible zona de almacenamiento.
La captura y almacenamiento geológico de CO2 consiste en captar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento subterráneo y confinarlo permanentemente.
El anteproyecto aprobado ayer establece que las instalaciones dedicadas a esta actividad deben cumplir la normativa sobre control integrado de la contaminación, obtener la correspondiente autorización ambiental integrada y cumplir la normativa sobre impacto ambiental. En cuanto al transporte, establece que las tuberías deben someterse también a declaración de impacto ambiental.
Después de la reunión ministerial, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado que esta normativa servirá para la planta de oxi-combustión de Compostilla (León), a la que optaba Asturias, que estará participada por la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y por Endesa, y dependerá del Ejecutivo central.
El objetivo del Gobierno europeo es impulsar quince proyectos de captura y almacenamiento en 2015 para que en 2020 sean viables de manera comercial.
Superficie
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros da luz verde a una reserva en favor del Estado del área denominada como «Asturias Centro» para estudiar un posible uso como almacén subterráneo de dióxido de carbono.
Exploración
El Gobierno central encomienda a Hunosa la exploración de la zona de reserva, de acuerdo con el protocolo general aprobado previamente. La superficie incluye toda la zona centro y áreas del litoral.
