La Comisión Europea demanda a España por las minas a cielo abierto en zonas protegidas

La Comisión Europea ha demandado al Estado español ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por autorizar explotaciones de carbón a cielo abierto sin tener en cuenta las posibles incidencias en especies protegidas como el oso pardo o el urogallo. La demanda hace referencia en exclusiva a varias minas exteriores de la comarca leonesa de Laciana, pero la sentencia puede tener importantes repercusiones para toda la minería privada española, puesto que su viabilidad económica se apoya, en la mayoría de los casos, en la explotación de cortas a cielo abierto para compensar los costes de la minería subterránea.

El pasado 16 de enero, el «Diario Oficial de la Unión Europea» publicaba el recurso interpuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas contra España. En él se señala que la Comisión tuvo conocimiento de la existencia de varias explotaciones de carbón a cielo abierto, promovidas por la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), susceptibles de afectar los valores naturales del espacio propuesto como LIC (lugar de interés comunitario) «Alto Sil». Se abrió entonces una investigación y la Comisión comprobó no sólo la existencia simultánea de varias minas a cielo abierto en la zona, sino también que la actividad iba a continuar a través de nuevas explotaciones autorizadas o en vías de serlo. La relación es larga: minas de Fonfría, Nueva Julia, Los Ladrones, Feixolín, ampliación de Feixolín y Salguero-Prégame-Valdesegadas, todas ellas en Villablino e impulsadas por la MSP, compañía del empresario leonés Victorino Alonso, presidente de la patronal Carbunión.

Según la Comisión Europea, España infringió su obligaciones con respecto al alto Sil al no subordinar la autorización de las explotaciones a una evaluación ambiental. La Comisión estima: «las consecuencias de las explotaciones sobre estas especies no pueden solamente evaluarse en términos de destrucción directa de zonas críticas de estas especies, sino que debe tenerse en cuenta la mayor fragmentación, deterioro y destrucción de hábitats potencialmente aptos para la recuperación de estas especies». También considera que se ha infringido el cumplimiento de varias directivas europeas.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León se afirmó que «ni el Estado español ni la Junta comparten la interpretación realizada por los servicios de la Comisión Europea» y anunciaron que la Abogacía de Estado ya presentó un escrito de contestación a la demanda. El Tribunal de las Comunidades Europeas decidirá y en juego no está solo la legalidad de esas explotaciones (algunas de ellas ya clausuradas) y la protección del medio ambiente de la zona, sino también la continuidad del modelo de funcionamiento de la minería privada en España. «Si nos quitan el cielo abierto, no podremos sostener la minería de interior, solo podemos tener un precio de mercado para nuestro carbón si mantenemos las explotaciones exteriores», señaló el portavoz del grupo empresarial de Victorino Alonso.