Madrid / Mieres,
Agencias / A. V.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha solicitado a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) la elaboración de un nuevo informe acerca de un «proyecto reformado» sobre el carbón nacional, según informó ayer el presidente del organismo, Luis Berenguer.
«Ha habido modificación y nos han pedido un nuevo informe», señaló ayer Berenguer acerca de los contactos mantenidos entre el Gobierno central y la Comisión Nacional de la Competencia para abordar este proyecto de real decreto, con el que se pretende incentivar la quema de carbón autóctono en centrales térmicas y cuya aprobación estaba prevista para principios de este año.
El presidente de la CNC apuntó que este nuevo informe, solicitado el lunes, será publicado en la página web de Competencia, del mismo modo que el redactado en diciembre pasado.
En este primer informe, la Comisión señalaba que el real decreto podría provocar un sobrecoste total de 1.200 millones de euros en caso de que se genere el máximo de energía previsto en el documento ya redactado.
El informe de la Comisión de la Competencia apuntaba, además, que el nuevo real decreto provocaría «graves distorsiones» al sistema eléctrico y afectaría al consumidor final. Así, recomendaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que notificara a Bruselas el establecimiento de un precio fijo para las centrales térmicas con carbón autóctono con vistas a su acreditación como «ayuda compatible», ya que la medida podría ser considerada «ayuda de Estado».
De forma previa a la publicación de este informe, Berenguer ya había asegurado en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que el proyecto para solucionar la caída en el consumo de carbón nacional distorsionaba el mercado energético y la formación de precios.
«Estimamos que se introduce una distorsión significativa de los procesos de funcionamiento de los mercados energéticos en España y de los mecanismos de formación de precios», aseguró Berenguer en respuesta a una pregunta del diputado del Grupo Popular Jaime García Legaz.
Además, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia afirmó que el decreto «no supera el test de la necesidad de la proporcionalidad de las restricciones de la competencia» y que «sus costes son desproporcionados».