Las empresas afirman que o dejan de pagar a los mineros o los regulan de empleo

Las empresas privadas de la minería del carbón en España han llegado, según explican ellas mismas, a una «situación límite» después de año y medio sin poder vender a las compañías eléctricas el carbón que extraen de sus explotaciones. Por ello, afirman que sólo les quedan dos salidas: no pagar los salarios o presentar regulaciones de empleo. Situación límite que llega después de que el Ministerio de Economía y Hacienda, en contra de las intenciones del de Industria, se negara a poner encima de la mesa más fondos para que Hunosa continuara comprando carbón a las empresas privadas hasta la entrada en vigor del real decreto que prime la producción eléctrica con mineral español. Esta decisión auspiciada por la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Economía, Elena Salgado, ha propiciado que las empresas privadas no hayan podido ingresar ni un euro, excepción hecha de los 12 millones mensuales que reciben en concepto de ayudas al funcionamiento, desde que Hunosa comprara el último cupo en febrero.

Y la «falta de liquidez» a la que aluden las empresas ha tenido ya los primeros «paganos»: los trabajadores. En concreto, alrededor de 3.000 empleados, unos 2.500 en León y cerca de 500 en el suroccidente asturiano, de los grupos Victorino Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) y Viloria (Alto Bierzo e Hijos de Baldomero García), han dejado de cobrar las nóminas del mes de abril y la paga extra de mayo. Otros trabajadores, como los casi 800 de la Hullera Vasco Leonesa o los alrededor de medio millar de la aragonesa SAMCA sí que han percibido sus nóminas, pero desde ambas empresas ya se ha advertido de que si la situación continúa así, tendrán que plantear expedientes de regulación de empleo. Y es que, como señalan desde la patronal minera Carbunión, «en varias empresas se está planteando ya la disyuntiva entre pagar a los trabajadores o presentar un ERE».

Como ejemplo, el de la Hullera Vasco Leonesa, que concentra sus explotaciones en La Robla (León). Desde la empresa se insiste en el esfuerzo que han realizado para pagar a sus más de 700 trabajadores la nómina de abril, que han cobrado esta misma semana, pero hace días los rectores de la compañía ya comunicaron al comité de empresa que si no había una solución rápida o el real decreto entra en vigor, ya será la última mensualidad a la que puedan hacer frente. Además, comunicaron a los sindicatos que quizá no les quedara más remedio que plantear un expediente de regulación de empleo. «Estamos estudiando todas las alternativas posibles para llegar vivos a la entrada en vigor del real decreto», explicaban días atrás los responsables de HVL, «y no descartamos ninguna medida para garantizar nuestra solvencia», aseveran cuando se les pregunta por la posibilidad de aplicar un ERE; una situación similar a la que atraviesa la principal compañía de la cuenca de Teruel, SAMCA, que puede plantear la regulación de sus 500 trabajadores.

En la principal empresa del sector, Uminsa, del grupo Victorino Alonso, sus rectores no se cuestionan la posibilidad de la regulación de empleo, pero sí explican que no pagar las nóminas «es la única manera de mantener la actividad en la empresa», explica el gerente de la compañía, José Gerardo Biaín. «Esto nos posibilita», continúa Biaín, «poder mantener la extracción de carbón, que aunque no nos da líquido ahora sí que es riqueza para cuando se arregle la situación. Y es que nosotros debemos continuar con la actividad porque tenemos un programa de inversiones muy ambicioso, de 80 millones, y esto sí que no lo podemos parar bajo ningún concepto. Por ello a nosotros un ERE no nos solucionaría nada, al contrario, porque lo que hay que garantizar ahora es la continuidad de la actividad».

Y mientras el sector vive esta situación casi desesperada, a Industria, tras el encontronazo con el Ministerio de Economía por su negativa a que Hunosa (cuyo contrato con Hidrocantábrico le posibilita vender sin problemas su producción) siguiera comprando carbón a las privadas, parece que se le han agotado las posibles soluciones y, aparte de tratar de acelerar los trámites para la aprobación del real decreto de ayudas al carbón nacional para que pueda estar listo dentro de un mes o mes y medio, y el pasado lunes se limitó a pedir a las empresas que «aguanten» un mes más y hagan «un esfuerzo» para pagar a sus trabajadores.