Madrid, Modem Press

Galicia clama contra el real decreto que primará la producción energética con carbón nacional, al considerar que su entrada en vigor supondrá prácticamente el cierre de las centrales térmicas de As Pontes (Endesa) y Meirama (Gas Natural Fenosa), que funcionan con carbón de importación, y la desaparición de cerca de 2.000 empleos, directos e indirectos, en las comarcas en las donde se ubican ambas centrales.

Al frente de la protesta se ha situado la propia Xunta de Galicia y su Presidente, el popular Alberto Núñez Feijoo, quien ya advierte que «iremos contra el real decreto hasta sus últimas consecuencias, porque es muy perjudicial para Galicia». Así, el Gobierno gallego ya ha remitido una carta al Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Competencia, Joaquín Almunia, en la que le solicita que escuche a la comunidad antes de tomar una decisión sobre la norma. Decisión que es posible que se tome el 20 de julio.

Las dos centrales térmicas gallegas quedaron fuera de las diez instalaciones que contempla el real decreto para quemar carbón español y además no percibirán, como obligó en su día la Unión Europea en su primer análisis de la norma, la compensación que estaba prevista en un principio por Industria para las centrales de gas, fuel y carbón de importación por dejar hueco en el sistema a las de mineral español.

Además de la Xunta, los alcaldes de las zonas afectadas también se han posicionado contra el real decreto, así como partidos políticos como el Bloque Nacionalista Galego, que ha registrado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados contra la aprobación del real decreto y exigiendo medidas que palien, en todo caso, los efectos que el mismo pueda tener en Galicia.

Otros organismos como la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer), que aglutina a la mayoría de las asociaciones empresariales de la zona, se suma a la preocupación de Xunta y alcaldes y su presidente, José Rilo, calificó la situación de «muy grave». El sindicato gallego CIG compara la situación que puede crearse en Galicia con la entrada en vigor del real decreto con la que viven los astilleros civiles gallegos «que no pueden construir buques civiles hasta el año 2015» y con «este real decreto a las centrales de As Pontes y Meirama se les echa prácticamente el cierre mientras esté en vigor la nueva norma que pretende aprobar el Gobierno, o sea hasta el año 2014».

El representante de la CIG en el comité de empresa de la central térmica de As Pontes, Fernando Branco, aseguró que el real decreto «es una acción política que busca beneficiar a determinadas comunidades autónomas con mucho peso político». Para el representante sindical el Gobierno intenta dar prioridad a 10 centrales térmicas que «quedan fuera del mercado por el precio del carbón», lo que va en detrimento de las instalaciones gallegas «que se abastecen de carbón foráneo, más ecológico y barato».

La guinda la ponía ayer en la prensa gallega Luis Díaz, delegado en esta Comunidad de la empresa Gas Natural Fenosa, propietaria de la central de Meirama, al asegurar que «para el sector energético gallego será una pérdida muy importante. Galicia será, probablemente, la comunidad peor parada con el decreto que prima el carbón nacional».