Madrid, Modem Press

La entrada en vigor del real decreto de ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional absorberá en los próximos catorce meses poco más del 10% -1,91 millones de toneladas- del stock de carbón que acumulan las centrales térmicas y las empresas mineras. Una reserva que en la actualidad asciende a 16,5 millones de toneladas.

Según las cifras que hizo públicas el jueves la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en su informe sobre la propuesta de resolución por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía que fija Industria en el desarrollo normativo del real decreto -que comenzará a aplicarse en los próximos días- las centrales térmicas quemarán, de aquí al 31 de diciembre de 2011, 12,81 millones de toneladas de mineral. De ellas, 2,75 millones en los dos meses que restan del presente ejercicio y 10,06 en 2011.

Teniendo en cuenta que la producción de carbón en España será de 1,6 millones de toneladas entre noviembre y diciembre, y de 9,3 millones el próximo año, como marca el Plan del Carbón 2006-2012, las centrales térmicas sólo absorberán 1,9 millones de toneladas del enorme stock de carbón almacenado actualmente en España.

La propia CNE cuantificaba en su informe que había 10 millones de toneladas almacenadas hasta marzo entre HUNOSA -gestor del Almacén Estratégico Temporal de Carbón Autóctono (AETC)-, que acumula 3,5 millones, y las térmicas, que tienen en sus parques de carbón alrededor de 6,5 millones de mineral autóctono. A estas cifras hay que añadir los otros 6,5 millones de toneladas que hasta ahora han ido acumulando las empresas desde el mes de marzo cuando dejaron de vender su producción. Todo esto arroja una cifra global de 16,5 millones de toneladas de carbón nacional en stock, la producción de los últimos 20 meses.

Por otro lado, según los cálculos realizados por la CNE, la aplicación del real decreto costará al estado cerca de 600 millones de euros -592 para ser exactos- hasta el 31 de diciembre del próximo año, repartidos en 89 millones para los dos meses que faltan hasta concluir 2010 y otros 503 en el próximo ejercicio. Esta es la cantidad que deberá abonar el erario público a las compañías eléctricas, alegando el mayor coste que les supone generar energía a partir del carbón español. Según el organismo supervisor, una vez el real decreto entre en vigor, el coste medio del megavatio hora (MWh) alcanzaría los 60,26 euros, frente a los 46 euros a los que se establecería el precio del mercado. Para 2011, ese coste medio del megavatio hora se elevará a los 66,62, mientras que el precio del mercado estará en 45 euros.

La CNE cree, además, que si el consumo de electricidad se mantiene en el nivel del año pasado, la entrada en vigor del real decreto del carbón hará que las centrales que utilizan carbón de importación vean reducida «de forma importante» su producción hasta 2014, fecha en la que termina la aplicación del nuevo mecanismo. De este modo, la CNE da la razón a quienes desde Galicia, con la Xunta a la cabeza, vienen manifestando su posición contraria al real decreto al considerar que perjudicará notablemente a las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, que queman carbón internacional.

Sin embargo, en la posible reducción de actividad de las térmicas gallegas hay que tener en cuenta también la subida del precio del carbón en los mercados internacionales, que ya no hace tan atractiva la generación de electricidad a partir de mineral importado. Algo que sí sucedía en 2008, cuando el precio del carbón extranjero bajó considerablemente en los mercados. A día de hoy, señala la propia CNE, el precio del carbón de importación supera los 95 dólares por tonelada frente a los 77,47 dólares que se pagaban en noviembre de 2009. El precio del carbón español, que no fluctúa apenas al estar tasado, se sitúa en 91 euros por tonelada. Por otro lado, la Comisión de la Energía considera que el decreto no desplazará «en principio» a las centrales de ciclo combinado, que consumen gas natural, y que es el principal argumento de las eléctricas en su recurso ante los tribunales Supremo y de Luxemburgo.