Madrid, Modem Press
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo decidió ayer aplicar medidas cautelarísimas contra la decisión que tomó la Comisión Europea el pasado 29 de octubre de autorizar, al considerarlo compatible con el mercado interior comunitario, el real decreto del Gobierno español por el que se prima la producción eléctrica con carbón nacional.
La medida supone la paralización del real decreto o al menos el retraso, se estima que unos dos meses más, en su aplicación efectiva mientras la corte luxemburguesa resuelve los recursos que hace dos semanas interpusieron las tres principales compañías eléctricas de nuestro país, Endesa, Gas Natural-Fenosa e Iberdrola, que han abierto una auténtica batalla judicial en todos los frentes contra el real decreto.
A última hora de la tarde de ayer los responsables del Ministerio de Industria trataban de recabar a través de la Comisión Europea, ya que es contra la decisión de esta institución el fallo emitido por el tribunal luxemburgués, más información acerca del alcance de la resolución. «No tenemos suficiente información para pronunciarnos», explicaba una fuente de Industria, «ni sobre el alcance de la decisión ni sobre sus consecuencias y estamos intentando que la Comisión Europea, a quien habrá llegado el escrito del tribunal, nos ofrezca más detalles».
En Industria, donde reconocían que la decisión del tribunal europeo «no es una buena noticia», precisaban ayer que, en cualquier caso, los recursos de las eléctricas ante dicho tribunal iban dirigidos contra la Comisión Europea y sus decisiones, y no contra el Ministerio de Industria y que no conviene olvidar que lo que ha aceptado Luxemburgo «es el equivalente allí de las cautelarísimas aquí, es decir, que el tribunal no juzga la medida sino que pospone su puesta en marcha».
La decisión emanada ayer de Luxemburgo también cogió por sorpresa a la patronal minera, Carbunión, como a los sindicatos del sector, quienes coinciden con Industria al calificar de muy mala la noticia para el sector carbonero español, aunque prefirieron esperar hasta conocer más detalladamente la resolución para opinar sobre la misma.
En sus recursos ante el Tribunal europeo las eléctricas consideran que el real decreto no es compatible con el derecho comunitario y no se ha elaborado conforme al reglamento de la Unión Europea.
Ya la pasada semana, el Tribunal envió una carta a Industria en la que sugería que sería recomendable retrasar la puesta en marcha del real decreto dos meses mientras se resolvían los recursos, posibilidad que fue desechada por el departamento dirigido por Miguel Sebastián.
