El Parlamento Europeo aprueba subvencionar la minería hasta el 2018 por amplia mayoría

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por una amplia mayoría, 465 votos a favor, 159 en contra y 39 abstenciones, extender hasta el año 2018 las ayudas públicas a las minas de carbón no competitivas. Cuatro años más de lo propuesto en julio por la Comisión Europea, que fijó la fecha límite del 1 de octubre de 2014 para el cierre de todas las minas deficitarias.

La decisión del europarlamento, sin embargo, carece de valor real ya que la decisión en este tema compete a los estados miembros y a la propia Comisión Europea, que puede pedir una votación unánime si el Consejo de Ministros de Competitividad decide el próximo día 10 de diciembre modificar, por mayoría y no por unanimidad, su propuesta inicial. Lo cierto es que la cámara, reunida ayer en Estrasburgo, pulió la propuesta realizada por el ejecutivo comunitario y se mostró favorable a un régimen de ayudas más flexible para las explotaciones carboneras deficitarias. Así, el parlamento considera que las explotaciones que hayan alcanzado la competitividad, o estén en vías de hacerlo al final del periodo de ayudas puedan mantener su actividad sin tener que devolver las ayudas recibidas, como pide la Comisión.

El parlamento también deja la puerta abierta a que, si hubiera necesidades energéticas que así lo requiriesen, se pudiera seguir extrayendo carbón en las explotaciones mineras. Por otro lado, los diputados coinciden con la Comisión en que las ayudas deben seguir una tendencia descendente en los próximos años, pero no piden, gracias a una enmienda presentada por diputados españoles del PP y PSOE, un porcentaje específico de recorte, -el Ejecutivo comunitario había propuesto una reducción del 33% cada quince meses-, y deja esta reducción en manos de los estados.

En el informe, los diputados subrayan que el cierre de las minas deficitarias obligará a corto plazo a algunos Estados miembros «a hacer frente a graves consecuencias sociales y regionales», y que el fin de las ayudas no tendría beneficios sobre el medio ambiente, ya que el carbón autóctono sería sustituido por carbón de importación «tan contaminante como el otro». En este sentido, la Eurocámara reclama finalmente que las ayudas al carbón puedan utilizarse también para «la investigación y las inversiones en tecnologías tendentes a reducir las emisiones contaminantes de este mineral».

En definitiva, el Parlamento Europeo considera que la fecha de 2014 propuesta por la Comisión no está justificada por la evaluación de impacto realizada por el propio Ejecutivo de la UE, y por ello, cree que la fecha de 2018 garantiza una solución aceptable.

Según cifras ofrecidas por el propio Parlamento, el sector da trabajo en estos momentos a unas 100.000 personas en Europa, unas 42.000 en las minas y más de 55.000 en las industrias afines. Las explotaciones que dependen de las ayudas al funcionamiento están situadas principalmente en la región alemana del Ruhr, en el noroeste de España, en Hungría y en el valle del Jiu en Rumanía.

Durante el debate, que duró algo más de una hora, se produjo una apasionada discusión en la que, además del Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, y el ponente del informe, el socialdemócrata alemán y Presidente de Euracom -asociación que agrupa a las comarcas mineras europeas-, Bernhard Rapkay, también intervinieron los portavoces de los distintos grupos y cerca de una veintena de diputados que expusieron sus posiciones sobre el tema. Las intervenciones fueron mayoritariamente favorables a mantener las ayudas en el medio plazo, aunque también hubo algunas, principalmente de los verdes y los liberales de la cámara, que se posicionaron en contra.

Entre los intervinientes, los eurodiputados asturianos Antonio Masip (PSOE) y Salvador Garriga (PP), quienes dejaron patente su clara y contundente posición partidaria a la continuidad de la actividad minera.

Garriga se lamentó de que la Eurocámara sólo tenga derecho de consulta «cuando hablamos del futuro de 180.000 familias y de la fuente energética autóctona de la UE». Además, señaló que «cuanto más largo sea el plazo, será mejor para poder incluir las tecnologías limpias de combustión. Si cierran las minas europeas, no habrá incentivo para reducir emisiones de las centrales térmicas». En su opinión, la subvención «no es la vía para la competitividad, pero sí es estratégicamente necesario convertir al sector en competitivo a través de las subvenciones», sentenció.

También criticó a aquellos que «confunden liberalismo con hipocresía y no aceptan las ayudas, pero sí aceptan un carbón que nos viene de fuera, y que es en buena parte competitivo por ser extraído por trabajadores en condiciones infrahumanas e intolerables, sin las más mínimas garantías que exigimos para otras importaciones».

Por su parte, Antonio Masip, en una intervención en la que recordó que, «a partir de Asturias, tierra carbonera por excelencia, se comenzó a forjar España y Europa», pidió «neutralizar la amenaza de terminar con la explotación del carbón autóctono». Para el eurodiputado, se debe «permitir la pervivencia razonable de este sector estratégico y se ha de ayudar a alcanzar competitividad en plazos razonables sin penalizar a las empresas, logrando cuanto antes la extracción no contaminante». Por otro lado, desde la FSA se señaló ayer que «lo fundamental en la votación es mandar una señal clara al Consejo y Comisión sobre la necesidad de ampliar el plazo, creando un marco estable para la industria del carbón».