Mieres / Langreo,
Miguel Á. GUTIÉRREZ
La UE pretende reducir la producción nacional de carbón a cuatro millones de toneladas (frente a las casi diez actuales), clausurar toda la minería a cielo abierto y empezar a identificar los pozos que pueden ir al cierre en 2011 y 2012. Estas son las condiciones que la Comisión Europea ha trasladado al Ministerio de Industria en el supuesto de que las ayudas al mineral autóctono (que expiran el 31 de diciembre) se prorroguen finalmente hasta 2018. En cualquier caso, Bruselas no asumirá propuestas que no entrañen como horizonte final la desaparición de las subvenciones a la producción de mineral, ya sea en 2014 o en 2018, lo que en la práctica significaría la eliminación de la minería española.
El secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, mostró ayer su inquietud ante este rígido posicionamiento de la Unión Europea, del que tuvo conocimiento tras la reunión mantenida con el Ministerio de Industria días atrás. Para el líder sindical, el planteamiento de la UE es inasumible. «Queremos mostrar nuestro rechazo firme e inequívoco, de mantener la UE este marco de propuesta para la minería del carbón en España». Y añadió: «Hemos emplazado al Ministerio, que ha sido receptivo, a agotar todas las vías de presión política».
Fernández Villa desgranó el posicionamiento de Bruselas. «En la reunión del día 15, lo que se nos ha transmitido por parte del Ministerio de Industria es que la UE no acepta ningún planteamiento que no tenga como objetivo finalista el cierre de la minería del carbón, por lo que plantea, en primer lugar, el 2018 como cierre finalista». En segundo lugar, según resumió el líder del SOMA, la UE plantea, en el horizonte de 2018, «la reducción de la producción a cuatro millones de toneladas de carbón y la desaparición de la actividad en el cielo abierto». En la actualidad, la producción nacional de carbón es de unos 9,8 millones de toneladas anuales, de los que un 55% procede de yacimientos a cielo abierto y el resto de minas subterráneas. Esta producción se irían reduciendo de forma progresiva hasta 2018.
Por último, Fernández Villa relató que Bruselas -tal y como les comunicó Industria, que se limitó a transmitir la propuesta europea- insta a «sentarse en una mesa y, en la medida en la que se vaya consolidando la posición en relación con el real decreto, en el 2011 y el 2012 puedan ir ya al cierre algunas explotaciones mineras». Y añadió: «También desaparecerían las ayudas al funcionamiento y ayudas por acceso a reservas aunque se hable o no de carbón competitivo, así como los aspectos sociales o cargas generadas del pasado, como el vale de carbón, la prejubilaciones o la recolocación de excedentes». Estos últimos costes tendrían que pasar a ser asumidos en exclusiva por los empresarios.
La eliminación de las ayudas a la producción significaría la desaparición de la minería en España. «Ninguna mina del país va a ser competitiva en 2018 ni en 2020. Lo que hay que hacer es mantener un marco de ayudas razonable», argumentó Fernández Villa, quien destacó la importancia del carbón como fuente autóctona en un contexto de creciente dependencia energética del exterior por parte de Europa -un 56% en la actualidad que será del 76% en veinte años- y en el que se están destinando fuertes inversiones a la investigación de los procesos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
Sobre el acuerdo de Industria con las eléctricas para que estas compañías adelanten pagos a cuenta de futuras compras de carbón, Villa subrayó que «no deja de ser más que un parche transitorio».
