Madrid / Mieres,
M. P. / A. V. / Agencias
La crisis del sector minero parece no tener fin y la aplicación del real decreto que primará el consumo de carbón nacional sigue bloqueada. La Xunta de Galicia no ha cedido ante las presiones del Ministerio de Industria, cuyo titular, Miguel Sebastián, no contactó finalmente con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), para convencerle de que retire el recurso presentado en el Tribunal de Luxemburgo contra las ayudas. Sebastián buscó ayer un aliado en el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), al que pidió que mediase ante su homólogo gallego para que retire su denuncia. La Xunta, a última hora de la tarde de ayer, rechazó de nuevo esta posibilidad.
Según fuentes del Ministerio de Industria, Sebastián ofreció a Herrera una reunión a tres bandas junto a Feijóo para tratar de desbloquear la aplicación del decreto. Pese a ello, el presidente de Castilla y León sigue insistiendo en que el Gobierno central ya puede poner en marcha el mecanismo que primará el consumo de carbón nacional, una postura que también sostiene la patronal minera Carbunión. Mientras, desde el PSOE e IU en Asturias se criticó duramente al presidente gallego y al PP por su negativa a desbloquear el real decreto y por su poca solidaridad con las comarcas mineras.
A través de un comunicado, el Gobierno de la Xunta mantiene «su firme postura en defensa de los intereses de Galicia frente a los negativos efectos de la posible entrada en vigor del conocido como real decreto del carbón en el tejido energético y productivo» de la comunidad gallega. En este sentido, la Xunta «no se plantea retirar los recursos judiciales presentados contra la aplicación de la norma» y recuerda «que no obtuvo ninguna respuesta por parte del Ejecutivo central en su última propuesta para encontrar una solución justa y solidaria que no afecte al tejido socioeconómico de Galicia».
Por otra parte, la Junta de Castilla y León reiteró ayer su petición al Ejecutivo central para que aplique de forma inmediata el decreto del carbón, ya que según argumentan no existe «ningún impedimento legal». El consejero de Economía, Tomás Villanueva, aseguró que una vez que las eléctricas han desistido de la suspensión cautelar de la norma, «y aunque estas compañías y la Xunta de Galicia mantengan aún sus recursos contra el decreto, el Gobierno puede ordenar su aplicación, al margen de la decisión final del Tribunal Europeo».
No opina lo mismo el propio Ministro de Industria, quien ya explicó a este diario que mientras la Xunta no retire su recurso en Luxemburgo o, al menos, la petición de medidas cautelares, el real decreto no se va a poder aplicar, «no por un tema de valentía, sino de legalidad».
Mientras, desde IU de Asturias, su coordinador general, Jesús Iglesias, tachó a Feijóo de ser «el testaferro de las empresas eléctricas, como demuestran los hechos», en referencia a su negativa a retirar el recurso contra el decreto. Además, Iglesias pidió al PP que demuestre su compromiso con la minería, exigiendo al Gobierno gallego que retire sus alegaciones», y advirtió de que la actitud de los populares gallegos «está sirviendo de coartada al Ministro de Industria, ahora que, precisamente y después de mucho tiempo, parece que Sebastián empieza a hacer algo, y cuando las eléctricas retiran las medidas cautelares».
La diputada regional y secretaria de Política Municipal del PSOE, Adriana Lastra, reclamó al PP asturiano que demuestre que el partido «tiene un compromiso firme del partido con las comarcas mineras». En este sentido, Lastra instó a la candidata popular a la Presidencia del Principado, Isabel Pérez Espinosa a convencer a Feijóo para que retire el recurso contra el decreto del carbón».
