Madrid, M.Press
La patronal minera Carbunión decidió ayer interponer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra parte de la decisión que adoptó el pasado 10 de diciembre el Consejo de Ministros de Competitividad de la Unión Europea por la que se regulan las ayudas públicas a la industria del carbón y ponen fin a las mismas, de manera irrevocable, a finales del año 2018.
El recurso acordado por la junta directiva de la patronal minera, que deberá de interponerse ante la corte luxemburguesa antes del lunes 14 de marzo, fecha en la que acaba el plazo para ello, va contra dos aspectos muy concretos de la decisión comunitaria. Por un lado, contra la obligatoriedad de que todas aquellas empresas mineras que sean rentables a partir del 2018 y decidan continuar su actividad tengan que devolver las ayudas recibidas desde el 1 de enero de este año y, por otro, contra el ritmo de reducción de las ayudas públicas, que los estados miembros de la UE fijaron en un 25% en el año 2013; en el 40% a finales del 2015; el 60% en el 2016; el 75% en el 2017, hasta llegar a cero el 31 de diciembre del 2018.
La asociación empresarial que preside Victorino Alonso, asesorada por el bufete de abogados Mayer Brown International LLP, firma radicada en Bruselas y especialista en derecho de la UE, considera que la decisión comunitaria «podría vulnerar el principio de confianza legítima, al haber pasado de un contexto de reserva estratégica a uno de cierre sin pasar por un régimen transitorio y sin que las circunstancias de dependencia energética que motivaron la declaración hayan cambiado». Y es que como se argumenta desde la patronal, las empresas, que en el contexto del anterior reglamento y para acceder a nuevas reservas de carbón llevaron a cabo inversiones millonarias, «van a asumir el reto de lograr ser competitivas en estos ocho años y no parece razonable que a aquellas que lo consigan se les obligue a cerrar precisamente cuando ya no necesiten ayudas».
Igualmente, los empresarios consideran que no hay precedentes de que sea la Unión Europea la que marque el ritmo de reducción de ayudas, «es algo que no ha sucedido nunca», sino que estiman que eso es algo que compete exclusivamente a cada uno de los estados miembros. Hay que tener en cuenta que un régimen tan drástico de reducción de ayudas llevaría a muchas empresas a tener que cerrar antes de la fecha marcada de diciembre del 2018.
