Mieres / Langreo,

Andrés VELASCO

El Ministerio de Industria ya ha preparado el borrador del nuevo reglamento por el que se regulará las compensaciones económicas que percibirán las centrales de carbón y gas que han visto lastrada su producción por la entrada en vigor del real decreto que incentiva a las plantas de carbón nacional, la caída de la demanda energética y la cada más importante presencia de las energía renovables en el mix energético nacional. El documento, que ya está en manos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), prevé un compensación que rondaría los 700 millones, que se financiarían por la vía de tarifa. La misión de estos incentivos no es otra que la de evitar un cierre de las centrales ante su menor participación en la producción eléctrica nacional y por lo tanto, menor rentabilidad.

La nueva normativa que regula los pagos por capacidad, aprobados en 2007, prevé el desarrollo de los incentivos a la disponibilidad de las centrales, que se sumarán a los pagos por inversión, que las empresas ya venían percibiendo, pero que ahora aumentarán. Según el borrador que ya obra en manos de la CNE, contempla que los pagos por disponiblidad a las centrales será de 3.150 euros/megavatio (MW) para las de ciclo combinado (gas), y 20.750 euros/MW para las centrales de carbón. En este último caso, las plantas que estén recibiendo compensaciones por estar incluidas dentro del desarrollo del real decreto que prima la producción con mineral nacional tendrán un incentivo menor, que será de 12.000 euros, ya que los 8.750 euros restantes ya los perciben por este motivo.

Mientras, el pago por inversión que las empresas venían recibiendo desde el año 2007 tendrá un incremento de en torno al 30 por ciento según la nueva normativa. La revisión, que se viene provocada por la caída en las horas de funcionamiento de las centrales eléctricas, llevará a que las compensaciones pasen de los 20.000 euros euros/MW a 26.000 euros/MW.

Esta nueva medida, que todavía deberá ser revisada y aprobada por la CNE, forma parte del compromiso tácito adquirido por el Gobierno con las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) cuando estas retiraron los recursos que tenían presentados en el Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo, y que retrasaron la puesta en marcha del real decreto de incentivos al consumo de carbón nacional.