Madrid,

Modem Press

El Ministerio de Industria no garantiza que la prórroga del real decreto que prima la producción eléctrica con carbón nacional y la consiguiente resolución que fija las cantidades de mineral que las empresas mineras deben de suministrar a las térmicas, además del precio que éstas tienen que abonar por el mismo, pueda estar aprobado antes de que el actual Ejecutivo ceda definitivamente el poder al gobierno que liderará Mariano Rajoy, lo que probablemente sucederá alrededor del 23 de diciembre.

El sector teme que, si esto sucede finalmente así y el nuevo Gobierno no aprueba la ley contrarreloj, en apenas una semana, la última de año, el escenario con el que se podría encontrar el 1 de enero, sin cobertura legal alguna para poder vender el carbón extraído, le retrotraería a la angustiosa situación que vivió entre junio del 2009 y febrero del 2010. En ese período las compañías eléctricas dejaron de comprar carbón, lo que sumió a las empresas mineras en la más grave crisis de su historia.

En Castellana 160, sede del Ministerio de Industria, reconocen que «por ley» y porque así se comprometieron con la patronal minera Carbunión y con los sindicatos mayoritarios, FITAG-UGT y la Federación de Industria de Comisiones Obreras, la prórroga del real decreto debe estar aprobada «antes del 1 de enero». Aún así, advierten de que «para llevarla a cabo se necesitan unos datos y parámetros que no conoceremos hasta el 1 de diciembre», por lo que adelantan que «si podemos sacaremos adelante la norma y si no la tendrá que aprobar el Gobierno siguiente».

La ruptura, la madrugada del 10 al 11 de noviembre, de las negociaciones que mantenían desde hacía semanas administración, empresarios y sindicatos, la coincidencia en el tiempo con las elecciones generales del pasado día veinte, y el inminente cambio de Gobierno han propiciado que el sector se encuentre en la actualidad en una especie de indefinición que puede costarle muy caro a unas empresas que todavía se encuentran en una situación un tanto precaria al continuar arrastrando las consecuencias de la crisis de los años 2009 y 2010.

Fue precisamente la marcha atrás de los rectores energéticos del Ministerio de Industria respecto a las cantidades de carbón que deberían suministrar las empresas mineras a las centrales térmicas en el año 2012 una de las causas, sino la principal, de que el pasado 10 de noviembre no se lograra alcanzar un acuerdo que diera estabilidad al sector para los próximos meses. Quizá lo más preocupante haya sido que desde esa fecha apenas ha habido contactos entre las partes.

Y es que ese 10 de noviembre el secretario de estado de Energía, Fabrizio Hernández, se negó a avalar el preacuerdo alcanzado un mes antes en el seno del grupo de trabajo formado por empresarios, sindicatos y Ministerio de Industria, en el que el representante de la administración era el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), Pedro Viar. Según aquel principio de acuerdo, las térmicas debían comprar a las empresas mineras, en el año 2012, no menos de 10,1 millones de toneladas de carbón más el mineral que no hubieran consumido este año, pese a estar comprometidas a ello, un volumen que se puede situar a final del ejercicio en el entorno de los dos millones de toneladas. El acuerdo fijaba además que el precio del carbón español experimentaría en el año 2012 una subida del 2% respecto al de este año.

Sin embargo, lo que a Industria le valía el 5 de octubre ya no lo aceptaba un mes después. Su postura se modificó considerablemente al intentar que el mineral que no se quemara este año en las calderas de las térmicas no se sumara al del próximo año sino que se incluyera en el mismo.

Esta rebaja, de dos millones de toneladas, casi el 20% del suministro garantizado de carbón, pretendida por el equipo que dirige Miguel Sebastián dinamitó el acuerdo y sumió al sector en una total incertidumbre. Ahora, además de la reducción de suministro de carbón que haría que aumentase el ya de por sí enorme stock de mineral, puede ocurrir que el primer día del próximo año no exista la cobertura legal necesaria que obligue a las centrales eléctricas a comprar carbón autóctono. De esa forma, las minas estarán a las puertas de otra grave crisis como la vivida meses atrás.