Oviedo / Langreo, L. M. D.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias decidió, en su reunión del día de ayer, llevar a los juzgados la reclamación de los fondos mineros que ha recortado el Ejecutivo central que preside Mariano Rajoy. Según se informó ayer desde el Gobierno regional, se «ha acordado iniciar el proceso de reclamación de las obligaciones pendientes de cumplimiento en los fondos mineros por parte del Estado». El Principado ha encargado «a la Consejería de Hacienda y del Sector Público la designación de un letrado de reconocida competencia para que ejecute las acciones legales pertinentes».

El Gobierno del Principado, presidido por Francisco Álvarez-Cascos, considera que el Ministerio de Industria incumple -con su decisión de suprimir las partidas de infraestructuras de los fondos mineros de 2012, ajustar las obras iniciadas y no responsabilizarse de las pendientes- «la firma de las 23 addendas a los convenios en vigor, presentadas en plazo, de acuerdo con las instrucciones recibidas por el propio Ministerio». Este «incumplimiento» del Gobierno del PP «pone en peligro unas inversiones» valoradas en 184 millones de euros, «y provocará la paralización de numerosas obras en marcha». Entre estos proyectos iniciados y que tendrían serias dificultades para seguir adelante el Principado nombra «la Y de Bimenes, el desdoblamiento de los túneles de Riaño y Cecos-Luiña, entre otras».

Otra de las decisiones polémicas que motivan al Principado a llevar los fondos mineros a los juzgados es la decisión del Ministro de Industria, José Manuel Soria, de no responder de las partidas pendientes del Plan de la Minería, es decir, de los proyectos de anualidades de años anteriores pero que aún no se han iniciado. Según el Gobierno del Principado, «el importe total de las obligaciones pendientes por parte del Estado de los diversos convenios de los planes de la minería del carbón en Asturias están cifrados en 783 millones de euros, tal y como informó en la Junta General del Principado el presidente (Álvarez-Cascos) en su comparecencia ante el pleno el 24 de enero».

El Principado, además, quiere contar con el apoyo de los ayuntamientos afectados por el «tijeretazo» a los fondos mineros. Desde el Gobierno regional se explicó ayer que «el Principado ofrecerá a los distintos ayuntamientos, en cuanto afectados por los incumplimientos anteriores, y por ello, legitimados para comparecer en la reclamación que se formule, la posibilidad de sumarse a la que se realice en cuanto el incumplimiento se refiera a su municipio».

Estos convenios que se incumplen son «contratos» entre administraciones. Los sindicatos mineros ya habían apuntado la posibilidad de llevar el recorte ante los tribunales, ya que se estaría dejando de ejecutar contratos de obligado cumplimiento por las partes firmantes. Desde el PSOE se asumió la culpa de los retrasos de los fondos, pero se dejó claro que los proyectos «siempre contaban con financiación».