Mieres del Camino,
Pablo CASTAÑO
El Fiscal Delegado de Delitos Económicos del Principado de Asturias, Íñigo Gorostiza, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión y el pago de 1.240.902 euros al empresario morciniego S. D. S., que era administrador único de la firma Mitra XXI S. L. cuando en 2003 esta adquirió al Montepío de la Minería Asturiana 61 apartamentos en la urbanización Los Alcázares de San Javier (Murcia) y ese mismo año vendió un total de 48 a un precio muy superior al de compra. El fiscal acusa al empresario de defraudar a la Hacienda Pública 620.451 euros con esa operación. La vista oral se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo
El acusado, S. D. S., natural de La Foz de Morcín y domiciliado en Oviedo, fue administrador único de la sociedad Mitra XXI entre el 3 de febrero de 2003 y el 23 de julio de 2004. La Fiscalía sostiene que el 28 de febrero de 2003, Mitra XXI compró al Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana 61 apartamentos en la urbanización Los Alcázares de San Javier (Murcia) por 54.091,09 euros cada uno, lo que hace un total de 3.299.556,49 euros, más cuota del IVA al 7 por ciento. Ese mismo año, Mitra XXI vendió 48 de los apartamentos por un precio escriturado de 72.121 euros cada uno, es decir, por un total de 3.461.808 euros. Sin embargo, la sociedad entregó las viviendas a un precio real superior al que figuró en las escrituras. Este precio real de cada apartamento fue de 100.420,68 euros, cantidad que multiplicada por las 48 viviendas vendidas ese año arroja una cifra total de ingresos de 4.820.192,64 euros para el ejercicio de 2003. Ese año, Mitra XXI S. L. tuvo unos costes por importe de 3.034.596,23 euros.
El fiscal señala que en 2003 Mitra XXI no presentó la declaración correspondiente al Impuesto Sobre Sociedades y tampoco presentó la contabilidad del ejercicio 2003 en el Registro Mercantil. La sociedad se negó a la actuación inspectora de la Agencia Tributaria. El fiscal calcula que «la cuota íntegra defraudada asciende a 620.451,15 euros».
Los hechos que se imputan a S. D. S. constituyen un delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía solicita que se imponga una pena de dos años y medio de prisión, el pago de una multa de 620.451,15 euros y, en concepto de responsabilidad civil, que se condene al acusado a pagar a la Hacienda Pública otros 620.451,15 euros por el dinero presuntamente defraudado.
La compraventa de los apartamentos también originó una investigación judicial a requerimiento varios socios críticos de Montepío que habían apreciado actuaciones «sospechosas» en la venta de los pisos de Murcia y en la compra a su vez de apartamentos en Roquetas de Mar (Almería). La querella contra los directivos del Montepío fue archivada.
