La igualdad es uno viejo ideal humano. Una utopía que no dejó de reivindicarse desde la Revolución francesa y su lema: libertad, igualdad y fraternidad. La cuna, el poder y la fortuna son, entre otros, factores determinantes de las profundas desigualdades sociales y económicas. Aunque en nombre del fundamentalismo igualitario se han cometido -y se siguen cometiendo- auténticas tropelías. Napoleón aseguraba que la igualdad sólo existe en teoría. Que por encima de las normativas legales estaban siempre los poderes económicos y las prebendas jerárquicas, ahora llamados poderes fácticos. Sostenía asimismo que Europa se podía dividir en dos grandes clases: la clase de los que buscaban privilegios y la clase de los que los rechazaban. Una división aún vigente dos siglos después.

Uno de los efectos derivados de la presente coyuntura económica acaso sea haber elevado el nivel crítico sobre los abusos y la rapacidad del poder y de los poderosos. Y la exigencia de un mayor sentido de la igualdad, que aparecía velado durante el período de relativa bonanza. Al respecto, en su último mensaje navideño, el rey ha proclamado solemnemente que «todos somos iguales ante la ley» (un derecho reconocido en la Constitución, donde también se recoge que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad»). La sombra de los supuestos delitos de su yerno planeaba sobre la afirmación del monarca.

Sin embargo, la realidad va por otros derroteros. Recientemente, en el transcurso de una entrevista televisiva, el imputado Jaume Matas, expresidente del Gobierno balear y ex ministro, ha declarado sin ambajes que no todos somos iguales, que él no hubiese recibido nunca a un señor anónimo, mientras que al duque de Palma lo recibía «a la hora que quisiera y donde fuera». Que valía la pena colaborar con Urdangarín costase lo que costase. Según parece, un oneroso dispendio sobre el que la justicia resolverá.

Por otra parte, la pasada semana, el portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, presentaba una iniciativa parlamentaria en la que se incidía sobre el principio de igualdad ante la ley. Es cierto que, con la que está cayendo, puede parecer un caso menor de un grupo minoritario, que justificó su iniciativa por razones de «ética pública». Esta propuesta de UPyD cobró vigencia hace unos meses cuando los expresidentes José María Aznar y Felipe González fueron contratados como consejeros independientes, con remuneraciones millonarias, por Endesa y Gas Natural, respectivamente, empresas públicas que fueron privatizadas. Los expresidentes cobran una pensión vitalicia de unos 80.000 euros anuales, además de coche oficial, despacho y secretarias, guarda espaldas? En la proposición de estos días se denuncia este privilegio, arguyendo que a una gran mayoría de los ciudadanos se les prohíbe compatibilizar las pensiones públicas y las retribuciones privadas. Y se invoca la «ejemplaridad» que se espera de quien ha ostentado responsabilidades tan altas como las de un jefe de Gobierno. La iniciativa fue rechazada por los diputados del PP, PSOE y CiU, con distintas descalificaciones, pero sin valorar el fondo del asunto.

Refiriéndose a la desigualdad social, el filósofo Bertrand Rusell llamó ética antidemocrática al hecho de que ciertos grupos minoritarios tengan el privilegio de gozar de las cosas buenas de la vida, mientras que el resto parece existir simplemente para suministrárselas.