Durante la regencia de María Cristina de Borbón, España necesitaba dinero -ya lo ven, no hay nada nuevo- y para engrosar un poco las arcas del Estado, el ministro de Hacienda Juan de Dios Álvarez Mendizábal publicó dos decretos, en febrero y marzo de 1836, expropiando parte de las propiedades que la Iglesia católica tenía en España. Se trataba de grandes extensiones de terreno que los clérigos mantenían improductivas, y con la operación de sacarlos a subasta pública se pretendía hacer caja y de paso fortalecer a la débil burguesía del país que era quien se suponía que los iba a adquirir.

La cosa salió mal porque la división de los lotes se encargó a comisiones municipales que los hicieron tan grandes y caros que solo los más ricos pudieron pagarlos y, como el dinero estaba en manos de los terratenientes, fueron ellos quienes acabaron haciéndose con el pastel. Por su parte, la Iglesia, que no fue indemnizada, protestó con sus propias armas, excomulgando tanto a los expropiadores como a los compradores, aunque la amenaza del Infierno no hizo mella en los oligarcas católicos que consiguieron las tierras a través de intermediarios.

La Colegiata de San Isidoro de León fue una de las instituciones perjudicadas, ya que perdió varios puertos de la Cordillera Cantábrica que fueron adquiridos por los Sierra Pambley, una familia acaudalada y culta de Villablino.

Uno de sus hijos fue Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley, nacido en 1827 y conocido por sus vecinos como Paco Sierra. Estudió Derecho en las Universidades de Valladolid y Madrid, aunque solo ejerció como abogado para defender sus propios asuntos y, si hacemos caso de lo que cuentan sus biógrafos, tuvo que ser un personaje extravagante. A pesar de que viajaba con frecuencia a Madrid, ya que fue diputado a Cortes en dos ocasiones, nunca subió a un automóvil, ni a un ascensor. Dicen que siempre iba bien vestido y era buen conversador, pero evitaba el contacto físico si no llevaba guantes y, cuando no tenía las manos protegidas, llegaba a empujar los objetos con el codo para no contaminarse.

El talante progresista de don Paco le llevó a costear unas escuelas modernas para los niños de su zona y a intimar con los integrantes de la Institución Libre de Enseñanza. Incluso llevó hasta su casa de Villablino a Gumersindo de Azcárate, Manuel Bartolomé Cossío y Francisco Giner de los Ríos y después de reunirse con ellos, se decidió a crear el 21 de abril de 1887 la Fundación Sierra Pambley, regida desde sus inicios por un patronato presidido por él mismo.

Cuando comenzó la Guerra Civil, los bienes de la Fundación fueron confiscados por las autoridades franquistas que fusilaron a algunos de sus responsables y depuraron a los demás, pero esa es otra historia.

Volviendo al filántropo leonés, lo que nos interesa es que, antes de su muerte, acaecida en Madrid el 26 de enero de 1915, a los 88 años de edad, dejó una cláusula en su testamento cediendo los terrenos del llamado Puerto de Pinos a la Fundación familiar, aunque con el matiz de que debía salvaguardarse el derecho de pasto en el lugar para los vecinos de los pueblos vecinos.

Así se llegó al año 1925, cuando el Ayuntamiento de Mieres vivía un grave problema después de que los tribunales de justicia hubiesen cerrado la posibilidad de que se llevasen los ganados de esta villa a los montes de Lena y en los del concejo del Caudal no existía ninguna posibilidad alternativa ya que se carecía de otros pastos estivales, tanto en terrenos comunes como particulares.

Por un motivo providencial que desconocemos, cuando la situación ya era insostenible, la Fundación Sierra Pambley decidió vender sus pastos en subasta pública y el alcalde José Sela -junto a Manuel Llaneza el mejor que ha tenido esta villa- no dudó en sacrificar el presupuesto municipal para obtenerlos a cualquier precio. Así fue, y el día 20 de agosto de 1926 el Puerto de Pinos pasó a ser mierense por la cifra de 415.600 pesetas de entonces, una cantidad más que respetable que actualizada a día de hoy sería imposible de asumir por la mayor parte de los Ayuntamientos españoles.

Permítanme que, para saber de qué hablamos, les aclare que bajo la denominación común de Puerto de Pinos se comprenden aproximadamente 900 hectáreas de terreno repartidos entre los de monte Puerto, Río Tuerto, La Cantarilla, Cueva del Puerco, La Cubilla, Navares y Vega de Gorgaveros y que los derechos que conservaron los pueblos leoneses son estos: en el puerto de Río Tuerto, el pueblo de Candemuela tiene el derecho de pasto para su ganado caballar y vacuno, que puede pernoctar y majadear allí, lo mismo que el pueblo de Villargusán, que además puede añadir sus cabras. En La Cantarilla, La Cueva del Puerco, La Cubilla y Los Navares, el pueblo de Pinos puede rozar y aprovechar la leña y pastarlo con todos los ganados menos el lanar y en La Vega de Gorgaveros, a los derechos de Pinos se suman los mismos que tienen también los vecinos de San Emiliano.

Los pastos del Puerto de Pinos son buenos y ahora la crisis los hace excelentes y apetecibles. En los últimos años los ganaderos de la vertiente leonesa se quejan del uso que desde Mieres se está dando a estos terrenos, pero les aseguro que uno, que es profano en temas de ganadería, anda despistado con los argumentos de nuestros vecinos de la Meseta. Veamos lo que argumentan las cuatro pedanías leonesas con derechos en este territorio.

Se dice por una parte que la capacidad del conjunto de los puertos es de 5.050 ovejas y unas 630 vacas y que los de Mieres llevan muchas más, 1.500 estos últimos años y en una ocasión hasta 2.800, pero a la vez se critica la construcción de cabañas por parte de ganaderos asturianos, ya que el hecho de tener una o dos reses permite ocuparlas para su ocio y «la cabaña ganadera de los pueblos de Babia necesita de esos pastos para personas que viven de la ganadería, no como sucede con las personas del municipio de Mieres que suben ganado, que salvo tres ganaderos a título principal, el resto son prejubilados que suben una, dos o tres cabezas de ganado durante los meses de verano». Así que no queda claro si la queja es por el exceso o por la falta de vacas en el puerto.

Otra acusación es la de que las autoridades asturianas han cometido la ilegalidad de asfaltar el acceso al puerto de Pinos desde el límite de Asturias hasta la Casa de Mieres, trabajando sin permiso en una zona perteneciente a la provincia de León y «los pueblos entienden que es esencial que se pueda acceder desde León en las mismas condiciones que desde Asturias», lógico, porque el acceso a Pinos por la vertiente leonesa es vergonzoso, pero lo que no se sabe es si la protesta se debe a que el Ayuntamiento de Mieres se excedió en sus funciones al asfaltar donde no debía, o a que se quedó corto por no arreglar también la vía leonesa.

También se echa en cara a los asturianos de que a veces su ganadería traspasa los límites estipulados y ocupa las tierras inmediatas, pero cuando Mieres propone como solución cercar todo el perímetro del puerto de Pinos, se encuentra con la oposición de tres de los cuatro pueblos babianos que tienen allí derechos de pastos y limitan directamente con el área que se tendría que aislar.

Lógicamente -acabáramos-, los leoneses reconocen que entre todas sus peticiones la solución definitiva es la compra o expropiación del puerto y su representación legal explica que a medio plazo esta es la única solución posible, basándose en el hecho de que existen causas de utilidad pública e interés social para privar de la propiedad al Ayuntamiento de Mieres. Ahora, sorpréndanse al conocer qué lo que se entiende por utilidad pública e interés social pasa por crear en el puerto un centro de cría y de investigación del caballo hispano-bretón. Si el Alcalde José Sela y aquella corporación de 1926 pudiesen vernos, no entenderían nada?O sí.