Mieres / Langreo, M. Á. G.

Los sindicatos calificaron ayer de «inadmisibles» los sobrecostes que afectan a las grandes obras de los fondos mineros. UGT manifestó su «preocupación» por estos elevados costes añadidos (14 millones en el caso del soterramiento y 10 en el enlace de la autovía de los túneles de Riaño en Siero), registrados en obras «que no están ni al 50 por ciento de ejecución o que ni siquiera se han iniciado». Por su parte, CC OO achacó los sobrecostes a la «pésima gestión de los fondos mineros de PSOE y FAC».

Así lo expresó José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en la comarca del Nalón, que criticó «el uso partidista de los fondos mineros». «No pueden utilizar estas partidas, que son tan importantes para las comarcas mineras, como armas arrojadizas. Tampoco se puede decir una cosa en la oposición y otra cuando se está en el Gobierno», argumentó Zapico.

En una línea similar se expresó el secretario general de CC OO en el Caudal, Alfonso de la Rosa. «No nos coge de sorpresa porque parece que cualquier obra que se haga con fondos mineros tiene que tener sobrecostes», esgrimió De la Rosa, que repartió las culpas entre la Administración y los contratistas. «Hay empresas que presentan ofertas a la baja cuando se licitan las obras y después salen sobrecostes por todas partes», indicó.

José Manuel Camporro, secretario general de UGT en el Nalón, manifestó su «preocupación» ante la aparición de sobrecostes en obras como el soterramiento, que «no está ejecutado ni en un 50 por ciento». «Queremos saber de donde viene ese gasto añadido, pero también hace falta una planificación bien estudiada con plazos creíbles para acabar las obras».

Por otra parte, los eurodiputados socialistas de las regiones mineras españolas (entre los que figuran los asturianos María Muñiz y Antonio Masip) han pedido a la Comisión Europea que «considere la posibilidad de introducir un sello de seguridad europeo que acredite al carbón extraído en minas que cumplen con los máximos criterios de seguridad». Los europarlamentarios quieren resaltar con este mecanismo el esfuerzo inversor que algunas empresas mineras europeas han realizado en materia de seguridad, «que se ha traducido en un descenso radical de las cifras de siniestralidad laboral», en contraposición con el carbón importado en la Unión Europea que «es extraído en explotaciones que no cumplen con estrictos criterios de seguridad».