Todo empezó en el pozo Nicolasa de Mieres al ser despedidos siete picadores que reclamaban mejoras económicas y laborales. Era el siete de abril de 1962 y se iniciaba así un movimiento huelguístico que duró dos meses: hasta entonces, el más largo y tenaz al que se enfrentaba la dictadura. Aunque afectó especialmente a las cuencas mineras del Caudal y del Nalón, tuvo amplias repercusiones a escala nacional e internacional. Fue también una huelga silenciosa y pacífica. Algo que no comprendía bien la Policía, en cuyos informes resaltaba que los huelguistas estaban adoptando una postura extrañamente tranquila. Que no les parecía muy lógica, «dada la psicología un tanto violenta del clásico minero asturiano».

El conflicto estalló en pleno desarrollismo franquista. Las minas asturianas empleaban entonces a unos 43.000 trabajadores, sumados los del interior y los del exterior. Y corrían tiempos en los que el carbón empezaba a sufrir la imparable competencia de otras fuentes de energía. Pues bien, después de un trienio de salarios congelados por el plan de estabilización, la reactivación económica provocó una oleada de reivindicaciones salariales en las principales zonas mineras e industriales. Los obispos ya habían denunciado públicamente que las remuneraciones de la mayoría de los obreros españoles «eran a todas luces insuficientes». Debido a la falta de cauces sindicales y políticos adecuados, aquella huelga asturiana se alargó mas de lo debido y adquirió unas dimensiones políticas que se volvieron contra el propio régimen. Por aquellas fechas estallaron también conflictos mineros en Francia y Bélgica, que no tuvieron otras repercusiones que las propiamente laborales. Sobre esta cuestión trataba un escrito de un grupo de renombrados intelectuales españoles, encabezado por Ramón Menéndez Pidal y dirigido a Manuel Fraga Iribarne. En ese manifiesto se subrayaba que las huelgas eran normales y legales en los países occidentales democráticos, donde la negociación de las reivindicaciones económicas se realizaba «con renuncia a los métodos represivos y autoritarios».

Por otra parte, conocimos de cerca algunos efectos inmediatos y cotidianos de la huelga del 62. Además de la dura represión empresarial y gubernamental, las familias de los mineros tuvieron que soportar mil carencias y sacrificios. Pero también fueron incontables las acciones solidarias dentro y fuera de las valles mineros: de otras familias, de comerciantes, de hosteleros, de distintas organizaciones sociales?De parroquias que improvisaron comedores infantiles gratuitos para los hijos de los trabajadores. Y en la intrahistoria de aquellas luchas hay que destacar asimismo la activa participación, en distintos frentes, de buen número de mujeres.

La huelga concluyó consiguiendo los mineros todas sus reivindicaciones. El entonces ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, negoció directamente con representantes de los huelguistas, lo que marcaría el principio de la quiebra de los sindicatos oficiales y el nacimiento de un nuevo tipo de sindicalismo: las comisiones de obreros. A propósito, Stalin había aconsejado a Santiago Carrillo que los comunistas españoles tenían que infiltrarse en los sindicatos verticales, considerados por líder soviético como una organización de masas legal, y utilizarlos para combatir las estructuras del franquismo desde dentro. Es cierto que aquella huelga, junto a otras presiones políticas como el llamado contubernio de Munich, supusieron una indudable sacudida para el régimen. Pero éste se mantuvo aún trece años más: hasta la muerte del dictador.

Un dirigente de IU declaraba días pasados que «España se había llenado de luz hace 50 años con la huelga del 62». Una forma poética de convertir en legendario un episodio histórico. En cualquier caso, cinco años después de aquella huelga se constituyó Hunosa, que mantuvo buena parte de la población activa minera. Una población que ahora apenas llega a los 2000 obreros. Medio siglo después de aquella famosa huelga se lucha por los problemáticos fondos mineros, que ni mucho menos cumplieron su principal objetivo: reactivar las comarcas mineras.