Langreo / Mieres, E. PELÁEZ
Los expedientes de regulación de empleo, de extinción o de suspensión temporal, puestos en marcha el pasado año por empresas de las comarcas mineras afectaron a 777 trabajadores, un 58 por ciento más que en 2010. Del total, 531 son empleados que prestaban sus servicios en empresas de la comarca del Nalón y 246 en la del Caudal.
Las empresas que se han acogido a estas medidas a lo largo del pasado ejercicio son un total del 47, doce más que en 2010, lo que equivale a un incremento del 34 por ciento. De estas compañías, 31 operan en el valle del Nalón y 16 en la comarca del Caudal. En 2010 los expedientes de regulación aprobados en el valle que conforman los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso habían afectado a 293 trabajadores, mientras que al año siguiente subieron hasta 531. En el área que engloba a los municipios de Mieres, Morcín, Riosa, Aller y Lena pasaron de 197 empleados a los que las empresas enviaron temporal o definitivamente al paro a 246.
Los expedientes de regulación de empleo repuntaron con fuerza el pasado año, superando los datos de 2010, aunque «no llegan a alcanzarse los valores de 2009», según refleja el análisis de la situación socioeconómica que realiza el sindicato CC OO. En 2009 fueron 1.370 los trabajadores de 49 empresas los que padecieron estas medidas. Al igual que en los años sucesivos fueron más los empleados del Nalón afectados, 841, frente a los 529 del Caudal. Estos datos corresponden a EREs autorizados por la dirección general de Trabajo, al que se deben sumar aquellos que recibieron el visto bueno del Ministerio de Trabajo al tener las empresas centros de trabajo en varias provincias y los resueltos por los Juzgados de lo Mercantil para empresas en concurso de acreedores.
En 2012 solo en enero se han emprendido cinco expedientes en la comarca del Nalón para 66 empleados y dos en el Caudal para 23 trabajadores. El pasado año, febrero fue el mes negro ya que los tres EREs puestos en marcha afectaron a 331 personas. De ellas 266 corresponden a la empresa langreana Alas Aluminium, que inicialmente estaban regulados cuatro meses con prórroga mes a mes. Ocho meses después en la planta aluminera de Ciaño quedaban 3 de los 270 trabajadores con los que había iniciado el año. Los contratos del resto fueron rescindidos en junio, en septiembre y en noviembre. La empresa está inmersa en un proceso de liquidación que culminará en mayo al no aparecer inversores interesados en hacerse con la firma.
Entre las empresas con mayor volumen de plantilla que también han recurrido a un expediente de regulación de empleo (ERE) se encuentra la langreana Ascamon. Primero fue un ajuste temporal, rotatorio y de un año para los 120 empleados y después entró en concurso de acreedores y planteó la extinción de empleo para los 75 trabajadores que quedaban en la planta.
Laminados de Aller reguló su plantilla en septiembre y en las últimas semanas ha recibido pedidos de dos grandes empresas para equipar coches nuevos, lo que permitiría, según los responsables de la empresa, retomar la actividad por completo. El ERE temporal afectó a los 58 trabajadores de la planta. Mientras, en Kerkus Metals, compañía mierense participada por Alas Aluminium y que era su principal cliente, la plantilla aceptó hace tres meses la propuesta de ERE de extinción de contratos y liquidación de la empresa que presentaron los administradores concursales. La firma tenía 39 trabajadores.
Rioglass ha puesto en marcha tres EREs en los últimos años. Un pedido de espejos para plantas eléctricas termosolares frenó el pasado mes una nueva regulación que contemplaba un ajuste temporal de tres meses para toda la plantilla y el despido, o si era posible la recolocación, de 17 trabajadores una vez concluido el ERE. También Duro Felguera aplicó medidas de este tipo en Felguera Melt, pero finalmente acortó el ERE temporal aplicado a 120 personas, que volvieron a sus trabajos dos meses antes de lo previsto. Mientras en Felguera Construcciones Mecánicas lo que aplicó fue un ajuste con la reducción de la plantilla de 142 a 69 trabajadores mediante prejubilaciones, traslados y la tramitación de incapacidades laborales.
Las comarcas mineras llegaron el pasado mes a un registro histórico de desempleo, con 15.819 parados, en un momento en el que se acentúa la caída de población.
