Langreo / Mieres,

Agencias / E. PELÁEZ

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, advirtió al sector minero de que si no se sienta a negociar el Plan del Carbón 2013-2018 el Gobierno «lo aprobará hará unilateralmente». Si no se inicia el diálogo, «existe el riesgo de que llegue el 1 de enero y no tengamos plan y aunque haya recursos no los podamos transferir porque no hay soporte legal», indicó el pasado miércoles por la noche en una entrevista en el programa «El debate» de TVE.

El ejecutivo central, apuntó Soria, «siempre tenía margen de maniobra» ante las peticiones del sector, pero ahora, dada la situación financiera, «desafortunadamente no lo tenemos». Y no sólo es que la partida de ayudas a la explotación de carbón «no se pueda aumentar» en este ejercicio sino que, resaltó, «viene otro ajuste adicional sobre el Presupuesto de 2012», aunque el ministro de Industria se comprometió a «intentar que no afecte en absoluto al sector del carbón».

El ministro de Industria afirmó, pocas horas después de que los mineros celebraron su manifestación por las calles de Madrid, que «en términos comparativos con otros sectores no hay ninguno que tenga un presupuesto tan abultado como el sector de la minería». Hizo hincapié en que el recorte en las ayudas a la minería es, si se tiene en cuenta lo realmente ejecutado el año anterior, «del 13%, que es inferior al 32% de disminución que ha sufrido el conjunto del presupuesto del Ministerio». El turismo, por ejemplo, baja de más de 600 millones a 438, y la industria de la automoción tendrá 200 millones.

Soria aseveró que en estos últimos 22 años se han destinado 24.000 millones de euros a varias líneas encaminadas a la reconversión de las comarcas mineras y que, dentro de las ayudas a la explotación, 2.100 millones fueron a «un grupo de empresas». La cuantía total destinada a las minas fue de 5.400 millones.

A continuación, el ministro de Industria se preguntó por qué después de que se hayan destinado 24.000 millones de euros en esos años a las comarcas mineras para su reconversión no hayan nacido, como sí ocurrió en el País Vasco, por ejemplo, empresas de tecnologías en las zonas afectadas por la reconversión industrial.

Preguntado si ha podido existir un fraude en las ayudas a las empresas, Soria respondió que eso «solo lo pueden decir los tribunales y ninguno lo ha dicho». Pero añadió que tiene constancia de que en 2005 la Intervención General del Estado detectó que «se habían concedido ayudas en exceso en 1998, 1999, 2000 y 2001», por un importe de 490 millones de euros. Este organismo emitió un informe que fue elevado al ministerio de Industria y de allí al Consejo de Ministros que acordó su «condonación». Actualmente, prosiguió el Ministro, «la cuestión está en el Tribunal de Cuentas» y «si esos recursos tienen que revertir a la Hacienda Pública, el Gobierno lo hará».

Soria aseguró que «el 1 de enero de 2018 no estarán todas las minas cerradas», pero sí las «no competitivas y las que hayan recibido ayudas». También dijo que las movilizaciones se emprendieron sólo por una de las líneas de ayuda a las comarcas mineras, la destinada a subvencionar la producción de carbón.

El conflicto de la minería será analizado en el Parlamento nacional. La Diputación Permanente del Congreso acordó ayer la comparecencia de José Manuel Soria para debatir sobre el futuro del carbón.

Desde el PP, el diputado Rafael Hernando afirmó ayer que la movilización de los mineros no responde a un conflicto social, sino que es fruto del chantaje ejercido por los empresarios sobre los trabajadores al amenazarles con que cerrarán explotaciones en octubre si no reciben las ayudas comprometidas. Hernando acusó al empresario y presidente de Carbunión, Victorino Alonso, de «reventar» las negociaciones con el ministerio.

En Langreo, Frente de la Izquierda presentará hoy una iniciativa en el Ayuntamiento para reclamar que se declare personas «non gratas» tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como al ministro de Industria en tanto no se solucione el conflicto del carbón.