Mieres del Camino,

Pablo CASTAÑO

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha decretado el ingreso en prisión provisional, eludible bajo fianza, de los cinco detenidos el pasado 6 de julio durante los disturbios registrados en las inmediaciones del pozo Santiago, en el concejo de Aller, dentro los conflictos suscitados por los recortes en el sector minero. La Audiencia estima así parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía del Principado de Asturias contra la libertad provisional sin fianza dictada para los cinco imputados por el Juzgado de Instrucción número dos de Lena.

El Ministerio Fiscal había solicitado el ingreso de los cinco detenidos en prisión preventiva, comunicada y sin fianza. Según la Audiencia, la decisión del Juzgado de estimar la petición de la Fiscalía no habría sido infundada, dentro del contexto de los disturbios que se desarrollaban en ese momento, dado el «manifiesto riesgo de reiteración delictiva y dada la persistencia de la disputa, en la que se actuaba de manera violenta». No obstante, el auto de la Audiencia, fechado el pasado día 8 de octubre, sostiene que en el momento actual, «cuando delibera este tribunal», «el conflicto no está tan radicalizado», aunque «sigue presente», lo que hace que la Sala haya acordado la imposición de una fianza para cada uno de los imputados para eludir el ingreso en prisión provisional.

El auto de la Audiencia impone a cada uno de los cinco imputados una fianza de 2.000 euros, que deberá constituirse en el plazo de tres días desde que les sea notificada personalmente la resolución. Una vez satisfecho el pago, los imputados quedarán sujetos a la obligación de comparecer ante el Juzgado todos los días 10, 20 y último de cada mes, o en el inmediato anterior si éste fuera festivo o inhábil.

La Fiscalía del Principado de Asturias justificó su petición de ingreso en prisión provisional en la gravedad de los hechos denunciados y la pena que, en caso de condena, se podría imponer a los imputados, así como en la existencia de un riesgo de reiteración delictiva. La Fiscalía considera que los hechos que se imputan a los detenidos podrían constituir un delito de desórdenes públicos del artículo 557.1 del Código Penal, que lleva aparejadas penas de hasta tres años de prisión. Además, también podrían ser constitutivos de un delito de atentado a agentes de la autoridad de los artículos 550.1 y 552.1 del mismo texto legal, castigado con pena de hasta cuatro años y seis meses de prisión.

Los cinco imputados fueron detenidos el 6 de julio tras los enfrentamientos que se produjeron entre manifestantes y policías en el pozo Santiago. Los mineros y las personas que los apoyaban cortaron con barricadas el Corredor del Aller (AS-112) a la altura de Caborana, lo que aislaba el concejo de Aller e impedía incluso el tránsito de los servicios sanitarios, y prácticamente tomaron las instalaciones del pozo Santiago de Hunosa. Se registraron enfrentamiento entre Guardia Civil y manifestantes, y en ellos dos agentes resultaron heridos por quemaduras a consecuencia de la explosión de cohetes y cinco miembros de un piquete fueron detenidos.

Los cinco detenidos declararon el 8 de julio, durante más de cuatro horas, en los juzgados de Lena. De los implicados, solamente hay un minero. Los otros cuatro son un jubilado, un estudiante, un trabajador del metal y un funcionario. Todos reconocieron que estaban en la protesta pero negaron que se hubieran enfrentado a la Guardia Civil. En el exterior del juzgado cientos de personas se concentraron como muestra de apoyo a los imputados.