La quiebra de la farmecéutica Diasa en Turón fue, junto a las de la cartográfica Venturo XXI y la aluminera Alas Aluminium, la más sonada de entre todas las grandes compañías que surgieron la década pasada en las Cuencas gracias a las ayudas de los fondos mineros encaminadas a reforzar la reconversión industrial en las comarcas carboneras. Sin embargo, la historia de Diasa ha acabado de una forma muy distinta a las de Venturo XXI y Alas Aluminium. Mientras Sadim -el órgano de diversificación de Hunosa- y los promotores de la farmacéutica se enfrentan ahora a duras sanciones tras la sentencia judicial que afirma que la quiebra de la empresa fue voluntaria. En el caso de Venturo XXI también hubo denuncias judiciales que, sin embargo, acabaron desestimando la responsabilidad en el hundimiento de la empresa de los promotores y los administradores. En Alas Aluminium las malas decisiones que evidentemente se tomaron al crear y desarrollar la compañía no llegaron a los tribunales.
Los concursos de acreedores de Diasa y de Venturo XXI fueron tramitados por el mismo juzgado, el número 2 de lo Mercantil de Oviedo, mientras que la quiebra de Alas Aluminium la llevó el juzgado número 1. El proceso concursal de la cartográfica ubicada en San Martín del Rey Aurelio fue polémico porque una serie de acreedores de Venturo XXI consideraba que los promotores de la compañía, los empresarios extremeños José Antonio y Manuel Coronado, habían cometido irregularidades en su gestión que perseguían el enriquecimiento propio y la pérdida de recursos de la compañía. Estos acreedores presentaron una denuncia ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo que pretendía aclarar la situación en la que acabó la empresa, y, en caso de que diesen la razón a su tesis, permitiera emprender acciones legales no sólo contra los empresarios, si no también contra los responsables públicos del 49% del capital de Venturo XXI.
Con la denuncia sobre la mesa, el juez decidió dar voz tanto al administrador concursal, la persona encargada directamente de estudiar y analizar los movimientos que llevaron a la empresa a la quiebra y de configurar el pago de las deudas, y a la Fiscalía. Sus informes sobre la situación de Venturo XXI fueron dispares. El administrador concursal decretó en su informe que el concurso de acreedores de la cartográfica fue «fortuito», y que en su gestión «no se observa alzamiento alguno de bienes». De la revisión de los estados contables y de la evolución de la actividad de la Venturo XXI «no se ha observado la salida real o fraudulenta del patrimonio de la sociedad».
Una postura que no compartía la Fiscalía, que un escueto comunicado proponía que la calificación del concurso de acreedores fuese «culpable», algo que según la Ley Concursal quiere decir que «en la generación o la agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo (intencionalidad) o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales, y en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores». Según las empresas acreedoras que habían presentado la denuncia judicial, el administrador concursal no había llegado a esta conclusión porque había sufrido «presiones».
Finalmente, tras analizar lo expuesto por ambas partes y los documentos aportados, el juez declaró el concurso de acreedores de Venturo XXI como «fortuito», lo que cerró la puerta a las posibles acciones legales que tenían pensado emprender los acreedores contra los empresarios extremeños y contra el resto de miembros del consejo de administración, Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Manuel Fernández, representante de Sadim en el órgano de gobierno de la compañía.
Venturo XXI, que llegó a contar con más de un centenar de empleados, acabó cerrando con 73 personas en plantilla tras acumular 5 millones de euros de deudas. Para su constitución los promotores recibieron 1,2 millones de fondos mineros, un crédito «blando» de 2 millones por parte de Sodeco y lograron que las distintas administraciones participaran en el 49% de su capital social inicial, que era de 2,5 millones.
El caso la quiebra de Alas Aluminium no llegó a tener tanto recorrido judicial como social. Las movilizaciones de la plantilla -unas 286 personas perdieron su empleo por la liquidación de la compañía- no se vieron acompañadas, como en los casos anteriores, por denuncias que buscaran la responsabilidad penal de los socios de la compañía. Sin esta presión, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo calificó como fortuito el concurso de acreedores, si bien dejó claro en su informe que el proyecto nació «sobredimensionado».
En el documento se concluía que Alas contaba, para sacar adelante su producción, con el triple de plantilla que sus competidores. La planta de Ciaño, que acabó por liquidarse como empresa el pasado año, había recibido desde 2002 un total de 16 millones de euros en ayudas públicas, unas subvenciones directamente ligadas a la creación de empleo. Es decir, cuantos más puestos de trabajo generaba, más ayudas recibía. Tras denuncias de mala gestión y de dudosas operaciones mercantiles por parte de la plantilla, Alas acabó generando una deuda de 58,5 millones de euros, de los cuales 32 millones fueron las pérdidas entre 2009 y 2011.
