Si esta misma semana las centrales térmicas no comienzan a comprar carbón nacional, Industria modificará el real decreto de restricciones para obligar a las compañías eléctricas a adquirir una cantidad mensual de carbón a las empresas mineras. Así de «contundente» se mostró ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante el encuentro que mantuvo con una representación de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, encabezada por su Secretario de Política Industrial, Juan Carlos Álvarez Liébana.

La reunión inauguraba la serie de reuniones de trabajo bilaterales que el número dos del Ministerio de Industria mantendrá con CC OO; FITAG-UGT, USO; y las patronales minera, Carbunión; y eléctrica, UNESA. Estos encuentros darán de alguna manera, el pistoletazo de salida para la negociación del Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018, tal y como denomina el Gobierno a la nueva hoja de ruta minera.

Los representantes de Comisiones Obreras hicieron ver al secretario de Energía la necesidad de que, antes de comenzar a hablar sobre el futuro, «se resuelvan los problemas que nos acucian ahora, como es el tema de las ayudas a tres grandes grupos empresariales», Hullera Vasco Leonesa, Coto Minero Cantábrico y UMINSA, a las que en su día se les denegaron las subvenciones al no estar al corriente en sus pagos a la Seguridad Social, «y el hecho de que el real decreto siga sin arrancar con lo que alguna otra gran empresa también está ya en problemas».

Alberto Nadal insistió igualmente en su voluntad de agilizar lo máximo posible los recursos presentados por estas empresas lo que llevó a decir a Juan Carlos Álvarez Liébana que «valoramos que el Gobierno verbalice su voluntad de solucionar los problemas, pero es hora ya de ver realidades y de pasar de las palabras a los hechos porque estos temas siguen sin resolverse», remarcó.

Respecto al esbozo de plan 2013-2018 que Industria presentó el pasado jueves a sindicatos y empresarios, los representantes de Comisiones Obreras le manifestaron al secretario de Estado que el documento es «generalista, ambiguo e inconsistente». «Generalista», dijo Álvarez Liébana, «porque no entra en el detalle; ambiguo por determinados parámetros que pueden ser interpretados de muy diferente manera e inconsistente porque todo el documento, y con ello la minería del carbón en España, está circunscrito a lo que una tercera parte, en este caso las eléctricas, determinen. Esta es la parte fundamental y la más débil de este documento».

Por ello CC OO dejó claro al secretario de Estado que «nosotros no podemos entrar a una negociación que finalmente dependa de la decisión que tomen terceras partes como son las eléctricas y eso es algo que tiene que dejar resuelto el Gobierno para que el círculo se cierre y la negociación pueda ser abierta y sin condicionantes».

El secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, aseguró además que el documento del Gobierno «no concreta nada de un posible plan territorial, ni de un plan social, acabando implícitamente con las prejubilaciones, y en el apartado sectorial deja ver una apuesta clara por las minas a cielo abierto en detrimento de las explotaciones de interior y eso no lo podemos aceptar nosotros porque sabemos que cuando hablamos de minería subterránea hablamos de empleo y cuando hablamos de minería a cielo abierto hablamos de poco volumen de empleo y además precario».

Con todo ello, Álvarez Liébana aseguró que «nosotros le hemos manifestado al secretario de Estado que el empleo es un tema capital en esta negociación y por tanto no vamos a compartir el escenario que parece evidenciarse en esta negociación en la que sólo parece tener cabida a futuro el cielo abierto», aseguró.

Alberto Nadal insistió en la «urgencia» que existe para negociar el nuevo Plan por las exigencias de Bruselas, «aunque parece que hay un plazo un poco mayor que el de un mes para poder llegar a un acuerdo y nosotros, de cualquier manera, le hemos hecho saber al secretario de Energía que los condicionantes como el de las ayudas, el real decreto de restricciones o el de la urgencia, no son buenos hábitos de negociación».