Si sentarse a la mesa para negociar cualquier conflicto laboral ya es en sí mismo problemático, las dificultades aumentan sin duda cuando quienes quieren incorporarse al debate se encuentran en una situación aún más insegura que el resto de los comensales. De lo que dan buena fe los trabajadores de las subcontratas de Hunosa, pues representan al sector minero más castigado, ya que, entre tantos otros ejemplos que se podrían citar, está el de sus precarias condiciones: el salario se reduce a la mitad, aun desarrollando las mismas labores que los mineros fijos de Hunosa, o la inexistencia de cualquier ayuda social: préstamos, becas?. Sin olvidarnos, sobre todo, de que contando con el mismo coeficiente reductor del régimen especial de la minería, no tienen derecho a las prejubilaciones (lo que significa prolongar su vida laboral 13 años más).
Una situación crispada y angustiosa que, además, se produce en un delicado momento, puesto que el gobierno se niega a ocupar su lugar en la mesa para negociar un nuevo Plan de la Minería. De modo que, a la vista de estos antecedentes, no resulta difícil imaginar el drama que, día a día, viven estas familias desde que el 4 de agosto de 2012 se produjeron los 14 primeros despidos en la empresa Tareas Mineras XXI. Desde entonces, y hasta finales de ese mismo año, el número de despedidos ha llegado hasta el centenar. Lo que se agrava aún más si pensamos que se trata de personas con más de 10, 15 o 20 años de mina, y algunos de ellos con edades que superan el medio siglo.
El reciente informe sobre la Riqueza en el Mundo, publicado por Merrill Lynch Wealth Management y Capegmini sitúa en 143.000 el número de millonarios en nuestro país, lo que significa un 12,5% más que el año anterior, lo que se resume en 16.000 nuevos millonarios. Su nada desdeñable patrimonio alcanza para invertir unos activos mínimos de más de un millón de dólares (800.000 euros), excluyendo primera vivienda y consumibles. Ante semejante pedrusco estadístico, me hago sólo dos preguntas: ¿Cómo es posible continuar predicando desde el gobierno el uso de medidas de austeridad? ¿Se puede considerar moral pedir silencio y docilidad a quienes sufren de continuo las vergonzosas consecuencias de una crisis en la que la banca internacional y las grandes corporaciones controlan los mecanismos de la economía en beneficio propio, practicando lo que se ha venido en denominar la «violencia de guante blanco»?
En más de una ocasión he dicho en esta misma columna que no existen recetas milagrosas. Pero, del mismo modo, he manifestado también que la más ineficaz de todas es la que consiste en quedarse cruzado de brazos. Afortunadamente, los trabajadores que se encerraron en el Ayuntamiento de Mieres han preferido hacer ejercicio, y van a seguir haciéndolo. Queda ahora que el resto de la sociedad entienda que estamos atravesando un momento en el que se impone una reflexión colectiva, ya que el problema es común a todos: ¿quién no tiene a un familiar o a una persona cercana sufriendo las consecuencias del paro?
Finalizo con una cita del historiador y crítico social británico Thomas Carlyle que creo viene bien para la ocasión: «Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en que vive, pues esto no le servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre mejorarlos».
