Oviedo, E. P.

Los dos acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad durante las protestas mineras que tuvieron lugar en Pola de Lena el pasado mes de julio aceptaron ayer una pena de un año de prisión. La vista oral fijada para el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo no se celebró al llegar a un acuerdo las defensas de Miguel Ángel P. Á., de 38 años, y de Igor F. T., de 28 años, con la Fiscalía.

El Ministerio Público pedía inicialmente tres años y seis meses de prisión para cada uno de ellos. Los dos acusados no tendrán que ingresar en la cárcel tras solicitar sus letradas la suspensión de la ejecución de la pena de prisión dada la condena impuesta y que no tienen antecedentes penales. El juez les comunicó esta medida a los acusados en la sala tras dar su conformidad al acuerdo. Ambos tendrán que hacer frente al pago de las costas del proceso a partes iguales. La sentencia es firme.

Los hechos por los que fueron imputados los dos hombres se produjeron a las once de la noche del 10 de julio del pasado año. Los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil se ocupaban en ese momento de la retirada de una barricada incendiada, que había sido colocada por manifestantes en el kilómetro 59,600 de la autopista A-66 a la altura de la capital lenense. Esta acción de protesta se enmarcaba en las movilizaciones del sector minero ante los ajustes puestos en marcha por el Gobierno central.

Un grupo de 200 personas «arrojaron piedras y botellas de cristal» a los guardias civiles desde el casco urbano de Pola de Lena. Parte de los agentes accedieron al núcleo para intentar disolver a los agresores que, según la Fiscalía, seguían lanzando botellas de cristal cuando estos se encontraban a una distancia corta, de entre 15 y 30 metros. Esos objetos, resaltó, impactaron contra los vehículos oficiales pero también contra algunos de los agentes, que no resultaron heridos «gracias a los medios de protección (cascos, escudos, etc...) de los que iban provistos».

En ese grupo que lanzaba objetos los guardias civiles identificaron a los dos acusados, que no trabajan en el sector minero. A Miguel Ángel P. Á. se le encontró, señaló la Fiscalía, una botella de cerveza que había escondido en uno de sus bolsillos cuando iba a ser detenido mientras que Igor F. T. lanzó una botella a los agentes en el momento en el que iban a identificar.

El Ministerio Público había solicitado inicialmente una condena de tres años y seis meses de prisión para cada uno de los acusados al considerar que habían cometido un delito de atentado contra la autoridad, contemplado en los artículos 550, 551.1 y 552.1 del Código Penal. A ello se sumaría el pago de las costas a partes iguales.

Esa pena quedó rebajada a un año de cárcel tras alcanzar un acuerdo las defensas de Miguel Ángel P. Á. e Igor F. T. y la Fiscalía.